El ministro de Trabajo considera "sensato y razonable" suavizar las trabas al despido

El ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, se sumó en la tarde de ayer a la defensa -realizada este viernes por Felipe González, y el pasado, por el secretario de Estado de Economía- de suavizar las trabas al despido. Los sindicatos CC OO, UGT y CGT coincidieron ayer en criticar con dureza esas declaraciones del presidente del Gobierno, en las que se mostró partidario de "eliminar trabas" del mercado laboral. González, según las centrales, avaló con sus manifestaciones las polémicas declaraciones del secretario de Economía, Pedro Pérez.

Las declaraciones de Felipe González fueron seguidas ayer por el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, que es el responsable directo de cualquier proyecto para flexibilizar los despidos. En concreto, Martínez Noval aseguró en Oviedo que le parece "sensata y razonable" la posibilidad de suavizar algunas trabas administrativas con el fin de agilizar determinados procesos de ajuste y permitir la viabilidad de las empresas, según informa Efe.De otra forma, el titular de Trabajo se mostró a favor de modificar el actual sistema de autorización administrativa previa para los despidos colectivos, tal y como había hecho el pasado día 30 en la APD Pedro Pérez, secretario de Estado de Economía. Pérez aseguró -en respuesta a una pregunta de un empresario- que la eliminación de la autorización administrativa previa permitiría flexibilizar el mercado de trabajo y fomentar el empleo.

Rechazo socialista

Estas declaraciones fueron recibidas con desagrado, no sólo por los sindicatos sino también por el propio Partido Socialista. El presidente del Gobierno, Felipe González, medió el viernes en la polémica al asegurar que hablar de despido libre es "una manipulación grotesca de lo que puede ser, por ejemplo, la eliminación de algunas de las trabas que retrasan el ajuste necesario en una empresa o arruinan la posibilidad de una reinversión empresarial". Gonzáles Gobierno recordó también que la autorización administrativa previa "sólo queda en Italia, pues en Francia desapareció en 1985".

La reacción sindical a las declaraciones de Felipe González, quien matizó que la eliminación de trabas en el mercado laboral no equivalía al despido libre, ha sido rápida y dura. El secretario general de CC OO, Antonio Gutiérrez, declaró ayer que su sindicato consideraría "casus belli" la supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos. Según Gutiérrez, Felipe González no ha hecho sino introducir confusión.

Gutiérrez realizó tales declaraciones después de que el Consejo Confederal del sindicato aprobara el texto de la Ley de Huelga pactado, junto con UGT, con el PSOE. CC OO mantendrá una reunión con la comisión ejecutiva federal de este partido el próximo miércoles.

Por su parte, UGT acusó al presidente del Gobierno, de utilizar un "sofisma" al rechazar el despido libre y "al mismo tiempo, calificar de trabas administrativas los mecanismos de tutela que precisamente impiden que el despido colectivo sea verdaderamente libre en nuestro país". UGT asegura que la eliminación de la autorización administrativa previa "supondría un golpe de incalculables repercusiones" a la estabilidad en el empleo. Más gráfico, el secretario de acción sindical del sindicato, Apolinar Rodríguez, afirmó que el Gobierno pretende convertir la legislación laboral española "en un Frankenstein social, con lo peor de cada país".

En el mismo sentido, la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró en un comunicado que las declaraciones de Felipe González "dejan sin valor alguno los desmentidos efectuados" [sobre la defensa o no del despido libre]. La organización considera que hay motivos para conmemorar el cuarto aniversario del 14-D con una nueva huelga general.

Autorización administrativa

Los sindicatos coinciden en que la eliminación de la autorización administrativa previa para despidos colectivos es, en la práctica, instalar el despido libre en la empresa. Según UGT, sería un paso más en un sistema, "que trata como colectivos, en algunos casos, despidos de dos y aún de un solo puesto de trabajo".

En opinión de Apolinar Rodríguez, la norma española, recogida, por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 51), no es más rígida, en cuanto a plazos de tramitación, que en el resto de los países de la Comunidad Europea.