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González y Guerra se enfrentan por el impacto electoral negativo de proyectos de ley económicos

La posible repercusión electoral negativa de algunas leyes que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar antes de fin de año enfrenta al presidente del Gobierno, Felipe González, y al vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra. Las diferencias se pusieron de relieve en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE del pasado lunes, y las leyes sobre cuya oportunidad política discreparon González y Guerra fueron las de Arrendamientos Urbanos, el Plan Hidrológico Nacional y el contrato-programa de Renfé, todas ellas dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

La representación de intereses diferenciados entre Felipe González, como jefe del Gobierno, y de Alfonso Guerra, como responsable del partido, volvió a quedar de manifiesto en la Comisión Ejecutiva del PSOE del pasado lunes. González puso el acento en la necesidad de cumplir los compromisos que había contraído ante el Congreso en el debate sobre el estado de la nación del pasado mes de marzo; Guerra, en las conveniencias electorales del PSOE.. El debate fue una manifestación de lo que González señaló en el mitin del 25 de octubre en Madrid, cuando advirtió que el Gobierno tiene que tomar, a veces, por interés general, decisiones que no favorecen los intereses del electorado socialista.

En el tramo final de la reunión -una vez que el presidente del Gobierno, Felipe González, aceptó las críticas de Alfonso Guerra al secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, por sus declaraciones sobre el despido libre-, el vicesecretario general socialista dio un paso más y apuntó que algunas leyes emanadas del área económica del Gobierno podían perjudicar las expectativas electorales socialistas y citó la Ley de Arrendamientos Urbanos, el contrato-programa de Renfe y el Plan Hidrológico Nacional. Todas ellas dependen del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que encabeza José Borrell.

Guerra, que llegó a calificar al área económica del Gobierno "departamento para perder elecciones", argumentó que el PSOE pasaba por un "momento delicado" desde una perspectiva electoral y que había que tener en cuenta, por tanto, las repercusiones de las decisiones del Gobierno hasta el final de la legislatura.Agravios entre regiones

Guerra dijo que, además del desgaste electoral, no había que olvidar la crisis de la economía española, y una ley como, la del Plan Hidrológico Nacional, que está prácticamente elaborado, podía ser explotada por la oposición en base a los agravios comparativos entre regiones".

También apuntó que la Ley de Arrendamientos Urbanos -que actualiza las rentas antiguas y aumenta de uno a cuatro años los contratos de alquiler- puede perjudicar a una parte del electorado socialista. A ello se añade el malestar social por el contrato-programa de Renfe, que prevé eliminar algunos servicios en el norte de España.

El vicesecretario general del PSOE reivindicó el papel de árbitro del partido ante Felipe González. Por la Ejecutiva Federal pasan numerosos ministros que defienden su punto de vista sectorial y es necesario el papel del partido que, con una visión más de conjunto, equilibra las posiciones de unos y otros y defiende un interés más general, fue el mensaje resumido de Guerra a González.

El jefe de Gobierno respondió al vicesecretario general del PSOE que admitía que la aprobación de estas leyes puede repercutir de forma negativa en el electorado socialista, pero que existía un compromiso suyo, que era prioritario como gobernante. González se refirió a su intervención ante el Parlamento en el debate sobre el estado de la nación, el pasado mes de marzo, en el que prometió que antes de fin de año se aprobarían las leyes cuestionadas por Guerra.

González añadió que el debate sobre estas leyes, "en las que ha trabajado mucha gente, ya está en la calle y la gente las espera". "Si no las sacamos ahora adelante, como prometimos, las tendremos que arrastrar en el programa de la próxima legislatura", insistió. El jefe del Gobierno finalizó: "La gente espera que gobernemos. Asumo la responsabilidad".

Compromisos en la despensa

El vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, planteó el pasado lunes al presidente del Gobierno, Felipe González, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, una reflexión que había realizado con anterioridad la cúpula socialista, tras entrevistarse el 22 de octubre con el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell. En la reunión del 22 de octubre, los dirigentes socialistas debatieron los pros y los contras, desde el punto de vista electoral, de algunas leyes que afectan al ministerio de Borrell y, particularmente, la Ley de Arrendamientos Urbanos, prometida por Felipe González en el último debate sobre el estado de la nación. La cúpula socialista se inclinaba por aplazar esta ley, que sustituye el llamado decreto Boyer y cuyo compromiso arrastran los socialistas desde la legislatura anterior.Un día antes, el 21 de octubre, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, había anunciado que el proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos "sigue adelante" y afirmó: "El proyecto está pasando los últimos trámites dentro del Consejo de Ministros y podrá avanzarse".

Tanto esta ley como el Plan Hidrológico Nacional son dos de los principales compromisos legislativos que el Gobierno, y el propio Felipe González en persona, habían asegurado ante el Parlamento que se aprobarían antes de fin de año.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de noviembre de 1992

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