Expertos juristas creen improcedente que un partido pida ayuda a las Cortes
Constitucionalistas y otros juristas consultados por este periódico sobre el alcance del escrito del presidente del PSOE, Ramón Rubial, a raíz del requerimiento judicial del magistrado instructor del caso Filesa, coinciden en "lo disparatado" o "extemporáneo" de acudir a los presidentes de las cámaras legislativas para defender a un partido político.
El catedrático de Derecho Constitucional Manuel Jiménez de Parga considera "grave que el juez pida las actas de un partido, con lo que puede vulnerarse su vida interna, sobre todo cuando está personado en la causa otro partido", En cuanto a la "rara" respuesta de Rubial, Jiménez de Parga la evalúa como "una respuesta política, como consecuencia de la politización en que ha incurrido el juez del caso".
En cambio, Manuel Aragón, catedrático de la misma disciplina, muestra su "extrañeza ante la petición de Rubial a los presidentes de las cámaras, porque los partidos", razona, "no son órganos del Estado, sino asociaciones de naturaleza privada de relevancia pública, con importantes funciones y privilegios, como las subvenciones públicas". Aragón añade que "la cámara no puede amparar a un partido, que debe defenderse por sí mismo".
Investigación de un delito
Por otra parte, Aragón recuerda que la ley de Financiación de los Partidos Políticos "les obliga a llevar libros de contabilidad e inventario de bienes, aunque no son entidades mercantiles". Reconoce asimismo que su control corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas, pero "eso es una cosa", explica, "y otra que puedan negarse a remitir libros de contabilidad, requeridos para investigar un delito". Respecto a las actas, insiste en que "los partidos no pueden ser inmunes a la averiguación de los delitos frente al juez penal".
Otro catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Ángel Aparicio, estima que "la negativa del presidente del PSOE frente a la investigación penal no creo", dice, "que tenga viabilidad, porque incurriría en denegación de colaboración con la justicia". Para Aparicio es "extemporánea la petición de protección al Congreso de los Diputados frente al poder judicial, por que el PSOE no pertenece al Parlamento". En cuanto a la contabilidad, "podría indicársele al juez que se la pidiera al Tribunal de Cuentas".
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial —que la próxima semana debatirá un escrito similar recibido— consideraron "discutible que el juez pida libros y actas de modo genérico, en lugar de concretar las partidas o extremos sobre los que tenga indicios graves de delito, como ordena la ley de Enjuiciamiento Criminal".
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Magistratura
- Parricidios
- Caso Filesa
- IV Legislatura España
- CGPJ
- Fiscales
- PSOE
- Corrupción política
- Financiación partidos
- Legislaturas políticas
- Casos judiciales
- Partidos políticos
- Poder judicial
- Corrupción
- Parlamento
- Asesinatos
- Sucesos
- Gente
- Gobierno
- Proceso judicial
- Delitos
- Administración Estado
- Justicia
- Política
- Administración pública