Empieza el juicio del incendio de la discoteca Flying con un nuevo informe de su origen

El juicio oral por el incendio de la discoteca Flying de Zaragoza se inició ayer con varias horas de retraso, después de suspenderse por dos veces para dar tiempo a que los abogados de las partes conocieran un informe de Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal, que aporta novedades sobre el origen del fuego.

La juez Carmen Canfranc no accedió a la petición de los 26 abogados de las 43 víctimas y de tres de los acusados para que se suspendiese la vista oral. Ante esta negativa, dos letrados de la acusación particular se han retirado del proceso.Los abogados de los acusados, el propietario de la discoteca (Faustino Martínez), el encargado del local (Francisco Lacruz) y el responsable de la empresa instaladora (Fernando Merino) pidieron un aplazamiento de 48 horas y alegaron que desconocían el contenido del informe de Frontela. Los letrados de la acusación particular solicitaron a la juez una instrucción suplementaria y así poder procesar a varias personas relacionadas con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno aragonés.

El inicio del juicio estaba previsto para las 9.30, pero primero se aplazó hasta las 12.30 y luego hasta la tres de la tarde.

El informe de Frontela contradice uno anterior del juez instructor, Javier Seoane, y del fiscal del caso, José María Rivera, respecto al origen del incendio. La nueva investigación sostiene que el origen del siniestro fue el recalentamiento de un cable situado junto a la puerta de emergencia de la discoteca. Además, se han detectado irregularidades técnicas y administrativas en el local.

El juez instructor y el fiscal sostienen que el origen del incendio fue una manguera de calefacción instalada de forma clandestina. El fiscal considera a Lacruz y Merino presuntos autores de un delito de imprudencia temeraria y pide tres meses de prisión menor. Al dueño y al director de la empresa instaladora les considera responsables civiles subsidiarios, por lo que deberán indemnizar con 15 millones a cada una de las 43 víctimas.

Los familiares de las víctimas del siniestro, ocurrido en enero de 1990, mostraron ayer su indignación en el reinicio del juicio, suspendido hace un año. Uno de ellos, Marisa García, dijo que no se solicitó un informe sobre los hechos al catedrático Luis Frontela "hasta que las familias no pagamos 25.000 pesetas cada una".