El juez de Filesa acusa al fiscal del Estado y al titular de Justicia de perturbarle en su actividad

El instructor del caso Filesa, Marino Barbero Santos, ha acusado al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, de ser el culpable de que las tensiones entre la magistratura y la fiscalía "hayan saltado a la luz pública de forma en extremo violenta", en un informe elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En una contundente réplica, el magistrado recrimina al fiscal del Estado haber comparecido ante la prensa, y señala que este tipo de actuaciones "en nada favorecen el sosiego, la tranquilidad que debe gozar todo juez en el ejercicio de su función y que la ley protege al máximo". Este reproche lo extiende al ministro de Justicia, Tomás de la Quadra Salcedo, por participar en "aclaraciones que nada aclaran".

El instructor del sumarlo Filesa, Marino Barbero, no sólo no se retracta de sus acusaciones de "falta de objetividad" al fiscal del caso, Antonio Salinas, sino que arremete contra el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, por su comparecencia ante los medios informativos para replicar a las "manifestaciones orgánicamente improcedentes del instructor".El magistrado comienza reiterando que el fiscal Antonio Salinas incurrió en "falta de serenidad" al afirmar que una resolución anterior del juez era "perjudicial para los querellados y para la Administración de Justicia". Marino Barbero insiste en que, frente a "tan grave imputación", la valoración de "falta de objetividad" era "en extremo ponderada". "Igualmente fue moderado el recordatorio de una de las funciones que la Constitución asigna a los fiscales: la satisfacción del interés social", añade el instructor.

Marino Barbero entiende que estas "ponderadas" recomendaciones se dirigen tanto desde los jueces a los fiscales como por parte de éstos a los jueces, por lo que la cuestión "carecía de mayor transcendencia" y él no pretendía dársela para "esquivar cualquier tipo de tirantez entre instituciones del Estado".

Sin embargo, según el instructor, una cuestión que debía resolverse en el marco del procedimiento saltó a la luz pública de forma "en extremo violenta" y "por obra no de este instructor, sino del propio fiscal general del Estado".

El magistrado recuerda que el pasado 15 de octubre el fiscal general del Estado entregó a todos los medios de comunicación una nota informativa cuyo contenido se divulgó antes de que lo conociese el Tribunal Supremo. A juicio de Marino Barbero, esta vía elegida "no parece que sea el trámite correcto para que los órganos judiciales conozcan los recursos".

Al repasar la nota de la Fiscalía, el juez Barbero dice que cuando el fiscal asegura no entrar en valoraciones y calificaciones sobre la conducta del instructor, "se le está descalificando y desvalorando ya".

En la misma línea, el juez dice que las manifestaciones del Ministerio Fiscal no favorecen el sosiego y la tranquilidad de los jueces en el ejercicio de su función, "y menos aún si las descalificaciones se vierten a todos los medios de comunicación que las difunden por el país entero antes de que lleguen a conocimiento de la Sala Segunda del Supremo". A renglón seguido, el instructor extiende este reproche al ministro de justicia de Justicia, Tomás de la Quadra Salcedo, al que alude sin nombrarlo cuando señala que las descalificaciones que se le dirigen se "acompañan de ulteriores o coetáneas aclaraciones, que poco aclaran, en las que participan, incluso, altas autoridades del Estado no pertenecientes al Poder Judicial".

Por último, el juez Barbero considera "no falto de interés" subrayar que el Consejo Fiscal le negó al fiscal general del Estado "el apoyo que solicitaba" al someter a este organismo las citadas manifestaciones.

La denuncia se confirma

Al margen de los ataques al fiscal general y al ministro de Justicia, el instructor señala en el informe elevado a la Sala sobre el recurso de queja de la Fiscalía que "en el estado actual de esta instrucción" se han confirmado "diversos extremos de la denuncia presentada por Carlos van Schowen".

Van Schowen es el contable de Filesa que denunció que esta sociedad y sus filiales Malesa y Time Export eran presuntas tapaderas para captar fondos para la financiación irregular del PSOE mediante la contratación de informes inservibles por los que se pagaban sumas millonarias.

El instructor señala que las declaraciones de Luis Oliveró y Alberto Flores, socios copropietarios de Filesa, Malesa y Time Export no se llevaron a efecto porque se acogieron a su derecho al silencio. Esta actitud "en nada ha facilitado a este instructor la búsqueda de la verdad real respecto de los graves y complejos hechos", por lo que ha tenido que aumentarse la práctica de pruebas de las que, de otra manera, hubiera podido prescindirse.

El magistrado reitera que la investigación es "compleja y difícil" y más aún porque algunas de las sociedades obstruyen la investigación dando en sus escritos domicilios que al pretender realizar en ellos determinadas diligencias no son los reales".

Respecto a la falta de celeridad de la causa, el juez Barbero se queja de que durante meses, tan sólo "esporádica y brevemente" se le relevó de su normal actividad, a pesar de haber solicitado reiteradamente poder dedicarse en exclusiva a la instrucción de un asunto "de no escasa complejidad".