Sindicatos y empresarios pactarán normas estables para regular las huelgas en servicios esenciales

Las huelgas en los servicios esenciales para la actividad ciudadana -los relacionados con la salud, la vida, la seguridad y el transporte de los ciudadanos- se regirán por unos códigos estables que negociarán los sindicatos y los empresarios de cada sector afectado una vez se apruebe la ley de huelga. La Administración haría una labor de tutela. Esas normas de carácter estable y vigencia indefinida, cuyas líneas generales están terminando de perfilar el grupo parlamentario socialista, UGT y Comisiones Obreras, aparecen también recogidas en las enmiendas que va a presentar el Partido Popular a la nueva ley.

Una de las modificaciones de la ley de huelga que negocian el partido socialista y los sindicatos UGT, y CC OO permitirá que los servicios mínimos no se decidan en las vísperas de un paro y condicionados por el calor del propio conflicto. La nueva ley prevé la creación de los códigos estables, que posteriormente se deben desarrollar en cada sector de los considerados esenciales y que son los relacionados con la salud, la vida, la seguridad y el transporte de los ciudadanos.Una vez aprobada la ley, habría un plazo de un año para negociar los códigos estables. Los sindicatos están dispuestos a que los dos primeros códigos se elaboren en los sectores de la sanidad y el transporte; incluso a que se inicie la discusión con los empresarios públicos o privados afectados sin esperar a la conclusión del trámite parlamentario sobre la ley de huelga. En esas normas quedarán perfectamente detallados los servicios mínimos que se aplicarán en caso de huelga, así como su intensidad.

El grupo parlamentario socialista, que encabeza Eduardo Martín Toval, y los representantes de UGT y CC OO mantuvieron ayer una nueva reunión. En la prevista para mañana quieren terminar de concretar los artículos de la ley referidos a los códigos estables, así como la composición de las mesas que los deben negociar en cada sector y el papel que en ellas van a tener los empresarios públicos y privados.

Tras el encuentro de ayer, el principal escollo se refiere a que los sindicatos no quieren que los empresarios participen de forma vinculante en la concreción de los servicios mínimos para las actividades esenciales. Con ello pretenden que, en caso de desacuerdo, sean ellos quienes establezcan exclusivamente con la Administración de tutela las normas a aplicar mientras dure la huelga.

Para varias décadas

Las enmiendas que va a presentar el Partido Popular defienden también los acuerdos sectoriales sobre servicios mínimos. La diputada popular Celia Villalobos asegura que se trata de cambiar "la cultura del conflicto por la cultura de la cooperación". El procedimiento que propone es lograr acuerdos estables, evitar que la autoridad gubernativa tenga que adoptar la última decisión y garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos por sus propios protagonistas. El PP modifica así el anteproyecto elaborado por el Gobierno y sus enmiendas van en la misma dirección que las que discuten los sindicatos y el PSOE.Los acuerdos estables que el PP propone deben negociarse por los sindicatos más representativos a nivel estatal y los que cuenten con un mínimo del 10% de representantes en el ámbito funcional a que se refiera el pacto -el 15% si se trata de una comunidad autónoma-. Por parte de las empresas, la Administración o la patronal que cuente con el 10% de empresarios y trabajadores afectados.

Las condiciones mínimas para esos acuerdos que propone el PP incluyen la exigencia de un preaviso de huelga con 15 días de antelación; los criterios conforme a los cuales se determinará en cada situación de huelga el nivel o intensidad de las prestaciones o servicios mínimos; los medios de publicidad necesarios para que la convocatoria y desistimiento de la huelga sean conocidos por los usuarios del servicio.

El primer partido de la oposición persigue que esa negociación pueda ser promovida por cualquiera de las partes, que éstas "estarán obligadas a negociar de buena fe", que los acuerdos se alcancen con el voto favorable del 60% de los representantes sindicales y empresariales, como mínimo, y que los pactos sean elevados al Consejo de Ministros para que los dote del rango normativo adecuado.