Una juez investiga a tres ex altos cargos del BOE por un presunto fraude de 1.010 millones

Una juez de instrucción de Madrid investiga a tres altos cargos del Boletín Oficial del Estado (BOE), entre ellos su ex directora general, Carmen Salanueva Urtiaga, por si en la adjudicación directa de papel prensa a tres empresas durante los años 1989, 1990 y los primeros meses de 1991 hubieran incurrido en actividades delictivas. La investigación hasta ahora realizada "arroja indicios de la existencia de presuntos delitos" de malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, prevaricación y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, según una resolución de la magistrada Ana Ferrer, que lleva el caso. El fraude está estimado, según el primer informe de la Intervención General del Estado, en 1.010 millones de pesetas.

Más información

Además de a Salanueva -relevada en el cargo por Beatriz Martín del Moral desde el 31 de mayo de 1991-, la investigación judicial afecta a otros altos cargos del BOE: el jefe de Producción, Julio Fenández González, y el responsable de la Sección de Contratación y Bienes Patrimoniales, Faustino Sánchez Herrán. Igualmente, se investiga a los responsables de las sociedades anónimas suministradoras de papel al BOE, Guillermo Rafael Cervera Monfort, por Toixima; Antón Soroa Carrera, por Papelera Udalar, y Lorenzo Cavanillas García-Carellán, por la empresa Papel 6.Todos ellos han prestado declaración, como imputados, ante la juez, quien ha dedicado medio mes a escuchar las decenas de cintas con las grabaciones de las conversaciones telefónicas de los implicados y actualmente se encuentra a la espera del resultado del peritaje de las cuentas bancarias y de la contabilidad de las empresas, que ha ordenado, antes de decidir sobre procesamientos u órdenes de prisión provisional. Durante la etapa más delicada de la investigación, la juez decretó el secreto de las actuaciones, levantado el 4 de septiembre último. Fuentes de la Administración no descartan que se produzcan nuevas implicaciones de funcionarios y directivos de empresas.

Previamente a la investigación judicial, se produjeron sendos informes de la intervención general del Estado, como consecuencia de los cuales el ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero -de quien depende el organismo autónomo que edita el BOE-, instó la actuación del Ministerio Fiscal, a través del fiscal general del Estado, antes del nombramiento de Eligio Hernández. El 16 de marzo último, el fiscal solicitó autorización judicial para intervenir los teléfono de tres de los implicados. La titular del Juzgado de Instrucción numero 16 de Madrid, Ana Ferrer, que estaba de guardia, autorizó las escuchas y, a la vista de la importancia del caso, reclamó la investigación, abrió las diligencias 1.026/1992 y decretó el secreto de las mismas.

La sombra del 'caso Naseiro'

El secreto de las actuaciones afectó no sólo al tiempo en que se produjeron las, intervenciones de los teléfonos, sino al periodo que la juez necesitó para escuchar las decenas de cintas que contenían las grabaciones. La sombra del alto techo garantista establecido por el Tribunal Supremo en relación con el caso Naseiro y, en especial, con las escuchas telefónicas autorizadas por el juez de Valencia Luis Manglano, voló por el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, cuya titular se atuvo escrupulosamente a la nueva y rigurosa doctrina, para evitar que las pruebas obtenidas sean invalidadas.

Según los informes de la intervención general del Estado y la investigación del fiscal -que se incorporaron a las actuaciones judiciales-, el origen de las irregularidades descubiertas proviene de la autorización legal con la que contaba el organismo autónomo que edita el BOE Para contratar el suministro de papel prensa mediante adjudicación directa. Este sistema permitía seleccionar las empresas, de modo que la mayor parte de las compras -un 92,8%- revertieron sucesivamente en las sociedades anónimas Toixima, Papelera Udalar y Papel 6.

Para justificar el alto precio al que se compraba el papel prensa para el BOE -mucho más caro que el del mercado-, se pedía un papel especial y una marca, Supernews, de los que disponían las empresas adjudicatarias.

Papel a 142 pesetas kilo

El resultado fue que se alcanzaron precios de hasta 142 pesetas el kilo, cuando posteriormente se consiguió comprar papel de iguales características a 86 pesetas el kilo, y en la actualidad, mediante el sistema de concurso en lugar del de adjudicación directa, se han obtenido precios de hasta 81 pesetas el kilo.

El mecanismo utilizado para la compra trataba de eludir la firma del ministro, necesaria siempre que la operación alcanzara los 50 millones de pesetas, según fuentes de la Administración. Así, de 16 partidas investigadas, 11 lo fueron por importes inferiores a los 50 millones, con lo cual Zapatero no tenía que dar el visto bueno.

El periodo investigado coincide con la etapa de protestas de los trabajadores del BOE, que en noviembre de 1990 efectuaron concentraciones ante la sede del edificio en Madrid, según informó entonces Comisiones Obreras, por considerar que los directivos estaban realizando "una pésima gestión del BOE, con derroches económicos en la empresa", que el comité estimaba innecesarios, mientras el convenio colectivo permanecía bloqueado.

¿Corrupción en el 'papel de la ley'?

La investigación realizada por la Intervención General del Estado, el Ministerio Fiscal y la magistrada Ana Ferrer sobre presuntas corrupciones en relación con el suministro de papel prensa al órgano autónomo que edita el Boletín Oficial del Estado ha producido un sonrojo especial entre los juristas que se han asomado al caso porque, al margen de los concretos indicios delictivos, las conductas irregulares se han rnaterializado en el soporte físico de las disposiciones y las leyes que constituyen el entramado jurídico positivo del Estado de Derecho.Aún sin creer demasiado en los símbolos, produce escándalo que funcionarios que tienen a su cargo la edición del BOE, por el que los profesionales del derecho y los ciudadanos en general se enteran de las leyes, disposiciones, resoluciones o convocatorias -relacionadas en todo caso con el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de los deberes- se vean envueltos en una investigación criminal. La credibilidad de las instituciones democráticas se tambalea ante las actuaciones de algunos políticos, pero cuando, además, el propio cuerpo del presunto delito es nada menos que el BOE, es lógico el rubor de los juristas y el descreimiento de los ciudadanos.

Si los indicios delictivos se confirman, aparte de las responsabilidades penales en que los implicados -tanto empresarios como ex altos cargos del BOE- hayan podido incurrir y las sanciones que, en tal caso, les correspondan, en cuanto a los servidores públicos se producirá una pena añadida: el reproche por la profanación del medio de comunicación que actúa como correa de transmisión entre el Estado y los ciudadanos.

En cambio, en esta ocasión, fuentes próximas a la investigación aseguran que no se ha producido tolerancia del máximo responsable político del BOE, el ministro Virgilio Zapatero, ni existió pasividad del Ministerio Fiscal ni del poder judicial. Acaso por tratarse del BOE, los juristas relacionados con el caso han sido especialmente sensibles. Porque, como se preguntaba uno de ellos: "¿Ha de llegar la corrupción hasta el papel en el que se escriben las leyes?".

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 01 de noviembre de 1992.

Se adhiere a los criterios de
Lo más visto en...Top 50