La ley de seguros amplia las garantías de las pensiones de los trabajadores en caso de insolvencia empresarial

La nueva ley que modifica la legislación reguladora de los seguros privados persigue salvaguardar la cobertura de los trabajadores en caso de insolvencia de la empresa, mejorar la protección al asegurado y aumentar la competencia, según destacó ayer el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez. El Gobierno exige que en un plazo de tres años todas las empresas, salvo las financieras, transformen sus fondos de pensiones internos en externos. Las exenciones fiscales derivadas de esta adaptación se distribuirán en 10 años.

El secretario de Estado de Economía afirmó ayer durante la presentación del proyecto de ley a los medios, que la reforma supone la adaptación completa de la legislación española a la comunitaria. Pérez hizo especial hincapié en los fondos de pensiones, dotación que, a partir de la entrada en vigor de la ley, las empresas tendrán que realizar mediante un plan de pensiones externo o un contrato de seguro.Tan sólo las entidades financieras (bancos, cajas de ahorro y aseguradoras) quedan eximidas de esta obligación, ya que, según Pérez, "la ley establece que aquellas empresas que por disposición legal tengan ya una dotación anual calculada con los procedimientos técnicos necesarios y un procedimiento de supervisión, podrán mantener estas dotaciones como fondos internos".

Para facilitar la transferencia de fondos internos a externos al resto de las empresas no financieras y "moderar el impacto por la movilización de unas masas de recursos elevados", el Ministerio de Economía y Hacienda ha incluido una disposición fiscal transitoria. Esta disposición establece que el beneficio fiscal que reciben las empresas en base a la legislación ya vigente sobre fondos de pensiones -la desgravación del 35% en el impuesto sobre sociedades- se distribuirá a lo largo de diez años, explicó el secretario de Estado. Mecanismo que, según Pérez, beneficia a las empresas y a Hacienda.

"Si se acumulan los beneficios en un sólo ejercicio puede ocurrir que la empresa no tenga capacidad para absorber esa fuerte deducción fiscal", señaló. Pedro Pérez explicó que con la distribución en diez años, Hacienda evita también el impacto puntual en un ejercicio. Pérez declaró que el Ministerio de Economía no contaba con una estimación global del volumen de dotaciones que tendrían que trasladarse de fondos internos a externos.

El secretario de Estado de Economía dijo que la nueva ley refuerza los requisitos de acceso a la actividad aseguradora (el capital social mínimo exigido es de 1.500 millones en los seguros de vida y caución, de 350 millones en el caso de accidentes y protección sanitaria, y de 500 para el resto) y perfecciona el principio de solvencia de este tipo de entidades (deben desembolsar el 100% de su capital y no el 50% como hasta ahora).

A este respecto, que afecta sobre todo a las empresas aseguradoras pequeñas, Pedro Pérez señaló que "en tanto las entidades aseguradoras tengan cubiertos sus fondos de solvencia, no será exigible el desembolso del capital".

El secretario de Estado destacó que la mayor competencia proviniente de empresas comunitarias, que podrán comercializar sus productos en España sin tener establecimiento permanente en este país, reducirá el precio de las primas de seguro. En el caso específico de las primas de automóviles, Pérez mostró su preocupación por el espectacular encarecimiento de las mismas en los últimos años ("un 20% anual") y confió en que el nuevo aumento de los límites de indemnización por accidentes (a quince millones en el caso de víctimas) no presione más al alza el precio de este tipo de primas.