Derechos Humanos critica el 'caso GAL' y la autonomía policial de la 'ley Corcuera'

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), José Antonio Gimbernat, destacó ayer "la subordinación de la justicia al Ejecutivo" en el caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y la utilización de la ley Corcuera -que considera inconstitucional- "como pretexto para la autonomía policial" en la presentación del informe anual referido a 1991. La APDH denuncia la represión contra los inmigrantes y la falta de adecuación de la objeción de conciencia a los criterios del Parlamento Europeo.

Gimbernat señaló que si en 1990 las Naciones Unidas situaban a España "en el último lugar europeo en el área de las libertades", el proceso del GAL y la ley Corcuera agravan esa opinión. En el caso del GAL criticó la negativa del Ejecutivo a dar información sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior, "como si pudieran existir zonas opacas a la investigación judicial". En el informe se señala que tal negativa "se opone a la concepción de que en un Estado de Derecho no es lícito utilizar el pretexto del secreto de Estado con el propósito de encubrir posibles delitos de autoridades y funcionarios del Estado". Preguntado sobre el indulto a los policías condenados -José Amedo y Michel Domínguez-, Gimbernat contestó: "Me parecería un error".Sobre la ley Corcuera resaltó, aparte de la inconstitucionalidad de su texto, "que está siendo utilizada como pretexto para la autonomía policial, tanto para efectuar registros por meras sospechas como, en especial, para la detención de extranjeros". Relató que recientemente en Andalucía "varios inmigrantes han sido detenidos, esposados y llevados a comisaría hasta seis veces en una misma noche". Aseguró que el Gobierno "no tiene una política de emigración, sino de represión de los ernigrantes", afirmación que enlaza con los datos que figuran en el informe, según los cuales en 1991 fueron rechazadas en frontera 53.722 personas (40.045 provenientes de Marruecos), expulsadas 3.787 (a pesar del proceso de regularización) y detenidas 41.462, cifra muy superior a la de años anteriores.

Gimbernat pidió al Gobierno que "en estos momentos de fervor europeista, tenga en cuenta las resoluciones del Parlamento europeo en materia de inmigración, que afectan al grave problema del racismo". Criticó también la práctica anulación del derecho de asilo. El informe, tras señalar que las solicitudes de asilo en 1991 fueron de 6.629, de las que fueron concedidas 230 -menos aún que en 1990, año en el que se concedieron 396-, considera que "la política sobre inmigración general del Gobierno ha terminado por invadir un derecho fundamental como es el asilo, hasta prácticamente hacerlo desparecer". Igual ocurre con los refugiados en España, ya que en 1991 sólo dos personas tenían tal estatuto.

El presidente de la APDH, acompañado por el secretario general, Luis Miguel Alonso, reprochó también que la objeción de conciencia en España no se adecue a los criterios del Parlamento europeo, para el que, dijo, "se trata de un derecho fundamental, que incluye la objeción sobrevenida y la duración igual de la prestación social sustitutoria y el servicio militar".

200 muertos en la 'mili'

Precisamente al servicio militar, que la APDH estima "el más peligroso de Europa Occidental", se dedica otro capítulo del informe, que ofrece la cifra de un total de 3.194 accidentes -1.646 mientras se realizaban actividades estrictamente militares-, que afectaron a 2.042 soldados, de los que fallecieron 200, resultaron con heridas muy graves 145 y con lesiones de diversa consideración 1.823. Otro capítulo se refiere a la seguridad privada que, según Gimbernat, "no debe quedar al arbitrio de la sociedad de mercado ni establecer una seguridad para ricos y otra para pobres, aparte de la necesidad de que estos empleados no lleven armas de fuego".

La APDH recoge datos de un informe sobre la situación en las cárceles, en el que se critica el hacinamiento, desempleo, circulación de la droga y el elevado número de enfermos con sida. Otros capítulos del informe se ocupan de los derechos económicos y sociales, marginación de las minorías y pobreza -existen en España 11 millones de pobres-, la situación de los gitanos y se introduce por primera vez un capítulo sobre medio ambiente.