Manuel Ollero acusa al consejero de Obras Públicas de la Junta de favorecer a Ocisa

La investigación del Parlamento andaluz sobre el caso Ollero [pago de comisiones ilegales] registró ayer un fuerte golpe de timón. Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta, responsabilizó al consejero de Obras Públicas, Juan José López Martos, de la adjudicación de la obra Las Pedrizas-Salinas a la constructora Ocisa. Según fuentes de la investigación, Manuel Ollero dijo ante la comisión parlamentaria que el consejero le ordenó elaborar un baremo sobre las condiciones de financiación de la obra y llamar sólo a Ocisa para que presentara una oferta.

Manuel Ollero, hermano de Jorge Ollero -detenido con 22 millones de pesetas procedentes de un presunto cobro de comisiones-, fue el primero de los 25 testigos citados para comparecer que acudió ante la comisión parlamentaria. Por la tarde lo hicieron el presidente de la constructora Ocisa, Jesús Roa, y los directivos de esta empresa Maximiliano Navascués y Guillermo Galeana.El ex director general de Carreteras aportó nuevos datos, y su testimonio ha provocado un vuelco en las responsabilidades políticas. Manuel Ollero, que dimitió unas semanas después de ser detenido su hermano y que era hasta hoy la única víctima política en el caso, contestó sin vacilar a las 70 preguntas de los nueve miembros de la comisión.

Según fuentes próximas a la investigación, que calificaron la intervención de Ollero de "valiente", el ex director general de Carreteras explicó que el consejero, Juan José López Martos, especificó las condiciones de pago en el concurso público convocado por la Junta para la realización del desdoblamiento de la carretera CN-321 Las Pedrizas-Salinas. La mismas fuentes añadieron que Ollero precisó que ésta era la primera vez que la Junta efectuaba un baremo sobre las condiciones de financiación de una obra.

Ollero señaló que el órgano de contratación (responsabilidad del consejero) le indicó que llamara a la constructora Ocisa para que presentase una oferta financiera, y que ésta fue la única empresa a la que se dirigió de las 32 que concursaron. Manuel Ollero facilitó incluso el nombre del directivo con el que habló sobre la oferta, el director regional de Ocisa en Andalucía, Maximiliano Navascués, que compareció también ayer. En el expediente sobre Las Pedrizas-Salinas, sólo tres de las constructoras puntúan por la oferta financiera; es decir, por las posibilidades de diferir el pago de anualidades.

Representantes de algunas de las 32 empresas han asegurado que ni siquiera conocían que la Junta proyectase tener en cuenta, además de las ofertas económica y técnica, las condiciones de pago, y que un tercio de la evaluación dependía de ese aspecto.

Pago de información

De las tres constructoras que sí puntuaron en la financiación, Sacyr resultó finalista y Ferrovial obtuvo un punto. Ocisa ganó. Fuentes próximas a la investigación estiman que pudo ser esta información la que obtuvo Ocisa "a cambio del pago de una comisión".

Juan José López Martos, por su parte, no quiso comentar la declaración de su ex director general y se limitó a afirmar: "En efecto, yo soy el último responsable de la contrataciones de obras, pero esperaré mi turno para hablar".

Varios dirigentes políticos estiman que Manuel Ollero se resiste a ser la cabeza de turco de la Admnistración. "La cuestión es saber ahora quién dio instrucciones a López Martos", agregan estos dirigentes. La Junta esperaba cortar en Ollero sus vínculos con el escándalo.

El presidente de Ocisa, Jesús Roa, acudió al Parlamento sobre las seis de la tarde acompañado de su abogado, Francisco Baena Bocanegra, y los directivos de Ocisa, Navascués y Galeana. El empresario contestó a todas las preguntas que se le hicieron y aportó también toda la documentación solicitada.

Por otra parte, fuentes próximas a las investigaciones judiciales, en las que están imputados los hermanos Ollero, Roa y el intermediario Pedro Llach, aseguran que la juez que instruye el caso, Pilar Llorente, solicitó a la Junta el expediente un día después de la detención de Jorge Ollero, el 15 de julio. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, y López Martos afirmaron en el Parlamento que conocieron el caso por la prensa el día 21 julio y supieron de qué obra se trataba por la petición de la juez.

El secreto de sumario, prorrogado varias veces desde julio, termina hoy, si no se produce un nuevo aplazamiento.