La fiscalía de Barcelona propone al fiscal general que actúe contra dos miembros del Gobierno catalán

La fiscalía de Barcelona ha propuesto al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, que inicie actuaciones ante el Tribunal Supremo contra dos consejeros y cuatro ex consejeros del Gobierno catalán por malversación de caudales públicos en la concesión de avales de la Generalitat a empresas privadas, entre 1981 y 1986. Los consejeros en activo contra los que se dirige la fiscalía son el de Economía y número dos del Gobierno de Jordi Pujol, Macià Alavedra, y el de Industria, Antoni Subirá. Los ex consejeros son Josep Maria Cullell y Josep Manuel Basáñez (Economía), y Vicenç Oller y Joan Hortalà, (Industria).

La fiscalía de Barcelona ha remitido la propuesta al fiscal general del Estado ya que el ex consejero Josep María Cullell es en la actualidad diputado en el Congreso. En caso de que el fiscal general decidiera actuar, debería hacerlo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la competente para iniciar un procedimiento penal contra parlamentarios de las Cortes.La supuesta comisión del delito se basaría en la actuación de los consejeros y ex consejeros en la concesión de avales a través de la Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC) a empresas privadas con características que se repiten. Según la tesis fiscal, no se concedieron regularmente y en el caso de los impagados, los consejeros no intentaron recuperar las cantidades pagadas por el tesoro público. El Código Penal sanciona como delito de malversación, para el que prevé penas de hasta 12 años de prisión, tanto el del funcionario que sustraiga fondos públicos como el de quien "consintiere" que otro lo haga. La fiscalía de Barcelona fundamenta su acusación precisamente en lo que considera nula acción de los titulares de esos de partamentos para reclamar las cantidades prestadas.

La fiscalía señala que el estudio se ha centrado especialmente en empresas que tienen una relación "de carácter personal, familiar o económico" entre sus titulares y los de organismos públicos catalanes.

La presidencia de la CARIC, organismo que desde 1986 ha sido sustituido por el Instituto Catalán de Finanzas, recaía en el titular del Departamento de Industria. El pago efectivo de las ayudas correspondía a Economía, motivo por el que las acusaciones se dirigen contra los responsables de ambos departamentos.

Más de 2.000 millones

Según la investigación, la Generalitat tuvo que asumir una deuda de más de 2.000 millones, de pesetas por los créditos concedidos y no devueltos. El informe sostiene que la primera irregularidad se cometió en la tramitación y concesión de las ayudas La Generalitat era avalista solidaria, no subsidiaria como era preceptivo en aquellas fechas, de los créditos, por lo que cuando las sociedades no devolvieron lo percibido, las entidades acreedoras reclamaron la deuda directamente al tesoro público y éste la abonó. Ser avalista solidario supone que el acreedor puede acudir indistinta mente al deudor o a quien le avaló para cobrar los impagados.

La Generalitat no ejerció, según la fiscalía, el derecho irrenunciable de excusión (que implica que en caso de impago debe intervenirse el patrimonio del deudor antes de reclamar del tesoro público). Por todo ello, el informe concluye que la normativa para la concesión de avales "fue sistemáticamente incumplida".

La fiscalía critica especialmente la ayuda a empresas en claras dificultades. "En los casos en los que la posterior insolvencia de la empresa era evidentemente previsible, lo que había que hacer era, sencillamente, no conceder el aval", dice la fiscalía. Insiste en que algunos avales fueron otorgados pese al dictamen desfavorable de los técnicos de la Generalitat, "desoyendo sus advertencias de alto riesgo de las operaciones proyectadas".

El fiscal también sostiene que los titulares de los dos departamentos autorizaron la concesión de avales superiores a los 50 millones, cuando estaba prohibido.

La propuesta al fiscal general del Estado describe que la segunda fase de irregularidades se produce al vencimiento de los avales, cuando el deudor no devuelve el dinero y la Generalitat afronta la deuda. El informe señala: "La Generalitat pudo y debió, frente al requerimiento de pago de los préstamos avalados, con sus intereses y costas, oponer la nulidad del carácter solidario de su responsabilidad y de su renuncia a la excusión. Y debió exigir, antes de pagar, la total excusión de los bienes de los deudores y coavalistas".

150 folios

La investigación sostiene que la Generalitat no intentó recuperar las cantidades perdidas reclamándolas a los titulares de las empresas. "Sólo se demandó a algunos coavalistas, sólo mediante procedimientos declarativos de reclamación de cantidad. Y siempre muchos años después de los pagos. Ninguna de estas reclamaciones, hasta la fecha, ha conseguido la restitución de cantidad alguna al Tesoro de la Generalitat", subraya. Fuentes de la fiscalía precisaron a este diario que algunos de los avales fallidos y pagados por los fondos públicos sí han sido reembolsados en los últimos años.

El informe remitido al fiscal general hace un mes consta de 150 folios y va acompañado de siete tomos de documentación Las personas objeto de investigación y de propuesta de acción judicial no son sólo los consejeros y ex consejeros, sino también algunos de los titulares de las empresas que se vieron beneficiadas por avales no devueltos. Asimismo, el informe hace referencia a que algunos de los supuestos autores pudieron cometer otros delitos, ya prescritos, como prevaricación y falsedad en documento.