Reforma del Inem

EL ANUNCIO del ministro de Economía, en el Congreso de los Diputados, de los planes de reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem) ha producido una gran perplejidad. Las reacciones iniciales de los partidos de la oposición y de la patronal CEOE son justificables hasta cierto punto y, en todo caso, genéricas como el mismo anuncio. Las fuerzas sindicales, por su parte, mostraron inicialmente unas razonables cautelas hasta conocer los detalles y el calendario de la propuesta, si bien rechazan rotundamente la posibilidad de que el sistema de prestaciones se desvincule del ámbito público de la Administración. Con todo, es preciso recordar que el tan denostado y, al parecer, poco leído programa de convergencia avanzaba en su capítulo cuarto, relativo a las medidas estructurales, algunas de las directrices que han de orientar las reformas destinadas a reforzar el proceso de búsqueda de empleo. Se propone explícitamente "la reforma en profundidad del Inem". También se reconoce expresamente que esa reforma potenciará la faceta de agencia pública de empleo del Inem, al tiempo que promete la creación de un marco legal similar al de otros países para facilitar las agencias privadas de colocación. En consecuencia, el margen para la sorpresa era sólo relativo.Los detalles más reveladores avanzados por Carlos Solchaga en su comparecencia parlamentaria radican en la propuesta de homologación con el modelo francés de mutualidades para la gestión de las prestaciones por desempleo. Organizaciones gobernadas por los sindicatos y la patronal, cuyos recursos, las prestaciones contributivas, han de ser administrados de forma que cubran los correspondientes subsidios. Los subsidios de carácter asistencial, no amparados en prestaciones contributivas, serían asumidos, según declaró el ministro, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El Inem resultante quedaría como una agencia de colocación compatible con la existencia de agencias privadas con funciones equivalentes. Las tareas de formación profesional serían asumidas parcialmente por el Ministerio de Educación.

Que los trabajadores y empresarios sean los responsables de la administración de sus propios recursos es en principio razonable y contribuye al fortalecimiento de sus respectivas organizaciones -es decir, a una parte de la tan citada sociedad civil- y a que las más que probables mejoras en la gestión de esos recursos redunden directamente en sus beneficiarios. Es cierto que tan importante como la mayor participación de los trabajadores en la gestión de sus propios recursos es que la Administración asuma los compromisos no cubiertos con las prestaciones contributivas y garantice una ordenada transición al nuevo modelo. El Gobierno no puede pretender con la reforma propuesta endosar los problemas financieros que actualmente presenta el Inem; la envergadura de la reforma propuesta y el tiempo requerido para su definitiva aplicación es tal, que es absurdo considerar que el Gobierno trata de solucionar con ella los problemas de las finanzas públicas en el corto plazo.

La reforma propuesta, por el contrario, trasciende al ejercicio presupuestario en curso y al más dilatado horizonte electoral que pueda asumirse en la actualidad. Su conveniencia no sólo ha de fundamentarse en el mal funcionamiento del actual sistema, sino en la percepción de claras mejoras en el funcionamiento del mercado de trabajo, sin perjuicio de los derechos de sus agentes. Si, en general, la aplicación de reformas del alcance de la propuesta es conveniente, de igual modo resulta imprescindible conseguir, por su directa implicación, el mayor respaldo político y de los agentes sociales y económicos. Sin ellos, la reforma es sencillamente imposible en sus términos.

No sería bueno que a estas alturas se echaran en saco roto experiencias anteriores de reformas propuestas que, siendo globalmente positivas, acabaron generando costes innecesarios por la escasa capacidad para convencer y, en ocasiones, la provocación con que se formulaban. Si saludable es la disposición del ministro de Economía de aplicar lo que constituyen por ahora meros enunciados de reformas estructurales de la economía, en igual medida es necesaria la habilidad para su aplicación final. La extensión de esa voluntad a las restantes actuaciones previstas en ese programa de convergencia contribuirá a la legitimación de esa estrategia para que la economía española abandone las ineficiencias que impiden un sano crecimiento y una difusión del bienestar.

En cualquier caso, para tener una opinión definitiva del asunto (varios catedráticos de Derecho del Trabajo han afirmado que lo expuesto por Solchaga no cabe en la Constitución) habrá que esperar al desarrollo de lo simplemente enunciado. Sorprende, en cualquier caso, que las líneas adelantadas ayer de la reforma del Inem no se correspondan con las estudiadas en la mesa ad hoc existente desde hace tiempo entre patronal, sindicatos y Ministerio de Trabajo. No puede haber dos líneas paralelas de negociación.