Sintonía sospechosa
CON ELIGIO Hernández como fiscal general del Estado el Gobierno parece haber encontrado la persona más idónea para hacer funcionar al ministerio fiscal al ritmo de sus intereses. Otra cosa es si esto es lo ortodoxo y cómo quedará dicho ministerio cuando concluya el periodo del actual fiscal general al frente de sus destinos. Su predisposición a utilizar la institución deforma preferente en la defensa de la dignidad de los políticos acusados ante los tribunales, su inapropiada, además de parcial, intromisión en el procedimiento sobre el caso Filesa, y su apoyo a las pretensiones del Ejecutivo de nombrar a dedo a los fiscales integrantes de las plantillas de los más importantes tribunales son ejemplos de esta sospechosa sintonía que, de seguir, puede significar el fin del modelo de relaciones Ejecutivo-ministerio fiscal consensuado entre las fuerzas políticas en el. estatuto orgánico de 1981.Lo sospechoso no es que exista sintonía entre el Gobierno y el ministerio fiscal en determinados asuntos en los que puede estar en juego la defensa de la legalidad o el interés público y social. Lo sospechoso es que dicha sintonía ponga en cuestión la autonomía funcional del ministerio fiscal -un órgano del Estado constitucionalmente ubicado en el ámbito del Poder Judicial- e interfiera en los criterios de imparcialidad y legalidad a los que está sujeta su actuación.
No es concebible un Estado de derecho bien estructurado sin algún tipo de relación entre el Ejecutivo y el ministerio fiscal y, en general, entre todos los poderes e instituciones del Estado. Pero hay que respetar los cauces de relación establecidos. En el caso del ministerio fiscal, el Gobierno puede interesar una actuación determinada en defensa del interés público; existe un cauce permanente de comunicación a través del ministro de Justicia y, excepcionalmente, a través del presidente del Gobierno, pero tales iniciativas no son órdenes que el fiscal general del Estado deba obedecer, sino propuestas cuya viabilidad y procedencia debe examinar con el asesoramiento de los órganos internos de la institución. De no ser así, el fiscal general del Estado y el ministerio fiscal se convierten en un órgano político que actúa en defensa de intereses coyunturales, por legítimos que puedan ser.
Con el acceso de Eligio Hernández a la Fiscalía General del Estado parece que los cauces han sido soprepasados ampliamente, afianzándose un modelo de relación con el Gobierno eminentemente ordenancista. No tiene otra explicación, su postura en el proceso judicial sobre el caso Filesa, en total sintonía con la públicamente expuesta por el ministro de Justicia. Y con mayor motivo, cuando esta última ha constituido una inadmisible injerencia en la función jurisdiccional. Al avalarla, el fiscal general del Estado no sólo ha olvidado una de las misiones constitucionales de los fiscales: velar por la independencia de los tribunales. Ha tomado, también, parte activa en su cuestionamiento.
