Justicia acepta reducir a la mitad el tamaño de la cárcel de Soto del Real
El Ministerio de Justicia ha dado marcha atrás en su idea de construir una macrocárcel en Soto del Real. Las presiones de la Comunidad de Madrid y del vecindario de la zona han podido más. El proyecto inicial (crear una prisión para cerca de 2.500 internos) ha, quedado reducido a la mitad. Serán 980 celdas y sólo 1.300 reclusos. El ministerio también ha tenido que ceder en lo que respecta a las torres de vigilancia: no se izarán dos, sino una, y su altura no, alcanzará los 70 metros, sino sólo 40. El alcalde de Soto, Eladio Navarro, del CDS, no está, pese a todo, satisfecho. "El daño ecológico será el mismo", insiste.
El comienzo de las obras de Soto, presupuestadas en 7.600 millones de pesetas, se presenta ya inexorable, una vez salvados los últimos obstáculos. Esta misma semana van a ser adjudicadas, y deberán estar concluidas en 1993, aseguran fuentes de Asuntos Penitenciarios, organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Será entonces cuando comience el anunciado desmantelamiento de la cárcel de Carabanchel, supeditado precisamente a la creación del centro penitenciario de Soto del Real.Sólo una carretera separa el Parque Natural de la Cuenca Alta de Manzanares -de gran valor ecológico y cinegético- del solar (propiedad del Ministerio de Justicia) sobre el que se va a erigir la prisión. De ahí las presiones que han ejercido el Ayuntamiento de la localidad (con el alcalde del CDS al frente) y la Comunidad de Madrid para que el impacto medioambiental fuera mínimo.
Un pacto entre el Gobierno de Joaquín Leguina y Asuntos Penitenciarios ha posibilitado mermar la dimensión del que iba a ser el más grande complejo penitenciario de España. Para respaldar el proyecto ante el Consejo de Ministros, la Comunidad puso como condición, entre otras, que sólo hubiera una torre y que no sobrepasara los 50 metros de altura. El Ministerio de Defensa, que posee una base de helicópteros en la zona, también opuso pegas a la altura inicial (70 metros) de las torres previstas, porque podían suponer un peligro para el sobrevuelo de la zona en días de malas condiciones meteorológicas.
Negación de la macrocárcel
Desde Asuntos Penitenciarios se dice ahora, sorprendentemente, que jamás se habló de construir una supercárcel en Soto: "El plan de amortización y creación de nuevas prisiones, aprobado en julio de 1991 por el Gobierno, prevé construir en Soto un centro tipo con 980 celdas", asegura una fuente oficial. El alcalde Eladio Navarro replica: "Quien quiera ver el proyecto remitido a este Ayuntamiento que venga y se lo enseñaré". Según Navarro, lo que querían construir es dos centros-cárceles con 1.230 internos cada una, y sus respectivas torres de vigilancia. Para Navarro, construir una cárcel en Soto, más pequeña o más grande, quebranta la legalidad: "No se puede construir una prisión. al lado de un parque natural".
Navarro anuncia que, en breve, su Ayuntamiento -y los otros siete de la Cuenca Alta de Manzanares- interpondrá un recurso contra la decisión del Consejo de Ministros del pasado julio de instalar un centro penitenciario en Soto del Real (localidad de 2.200 habitantes, al norte de la capital).
El Ayuntamiento negó la licencia de obras para la cárcel. El Gobierno, para soslayar legalmente tal negativa, tuvo que recurrir a la vía de declarar el proyecto de "interés social" recurriendo a la Ley del Suelo.
Soto, sostiene Navarro, vive, en gran medida, desde hace años, del turismo, su principal fuente de riqueza y motor económico de la zona.
¿Por qué en Soto y no, por ejemplo, en Ciempozuelos, cuyo alcalde se ofreció a acoger la cárcel a cambio de compensaciones? Dos son los motivos fundamentales. Uno, económico: Asuntos Penitenciarios tiene un déficit, acumulado de 13.000 millones de pesetas. En Soto no tendría que comprar el solar, que es suyo. Y otro, político: se persigue el equilibrio territorial. Y la zona norte es la única de la región madrileña donde aún no hay ningún centro penitenciario.
El desmantelamiento de Carabanchel, hoy hacinada de internos (alrededor de 2.300, el doble de los que razonablemente puede cobijar), está ligado al funcionamiento de las dos prisiones madrileñas ya inauguradas: la de Valdemoro, que entrará en funcionamiento a finales de año, y la de Navalcarnero, que lo hará el mes de noviembre.
Ambas, junto con la de Soto, se deben nutrir de los internos que hoy cumplen condena en Carabanchel. Pero son tantos los presos que hay en Madrid que las nuevas plazas carcelarias difícilmente podrán acogerlos. A no ser que, como ya se ha hecho en Valdemoro, se introduzcan literas en las celdas para aumentar su capacidad. En las celdas de ocho de los nueve módulos que conforman Valdemoro se han instalado ya literas, según afirma Juan Figueroa, vicepresidente nacional de la Agrupación de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). Y probablemente ocurrirá igual en Soto del Real, corroboran fuentes del Ministerio de Justicia. "De otra forma resultará difícil desmantelar Carabanchel", cuyos terrenos serán vendidos "al mejor postor".
El alcalde de Soto se ha opuesto encarnizadamente al penal. En cuanto el Gobierno aprobó su construcción, Eladio Navarro convocó el 8 de agosto a 3.000 personas, que se manifestaron en la plaza del pueblo para rechazar la construcción de la cárcel. Antes de su aprobación, el alcalde se refugió en las ordenanzas municipales para negar la licencia de obras.
