Hoy comienza en Sevilla el juicio por delito ecológico más importante del país
Hoy comienza en la Audiencia de Sevilla el mayor juicio por delito ecológico celebrado en España. Más de seis años han transcurrido desde que, a finales del verano de 1986, unas 20.000 aves, en su mayoría migratorias, murieran en las lagunas del entorno del parque nacional de Doñana. El juez sentará en el banquillo a 34 personas. De ellas, 30 arroceros -acusados de utilizar productos químicos prohibidos-, dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía -procesados por permitir esas prácticas- y dos comerciantes acusados de suministrar el metil-paratión, un producto plaguicida que se convertirá en el protagonista de la vista oral y al que se culpa de la mortandad de las aves.
Al juicio, que se prolongará hasta mediados de noviembre, han sido citados más de 130 testigos y 40 peritos, entre españoles y extranjeros, que expondrán más de medio centenar de informes científicos.Corrían los últimos días del mes de agosto de 1986 cuando en los lugares conocidos como Cantarita, Lucio del Cangrejo Gran de, Lucio del Italiano y Lucio de la Esparragocilla, todos ellos en el entorno del parque nacional de Doñana, fue encontrado gran número de aves acuáticas muertas. Avocetas, espátulas, garzas reales, fochas y otras anátidas, muchas de ellas en peligro de extinción, perecieron a cientos so bre las aguas estancadas de las marismas.
El suceso tardó en ser conocido por la opinión pública, y sólo las denuncias de las dos asociaciones ecologistas Ándalus y la Coordinadora de Defensa de las Aves (Coda), hoy personadas como acusación particular, revelaron la gravedad de los hechos. Las aves siguieron muriendo durante el mes de septiembre, mientras los informes técnicos no llegaban a determinar si su causa era un envenenamiento provocado por plaguicidas o pesticidas, o uno de los habituales brotes de botulismo que se originan cada año en Doñana debido a la sequía. Mientras, las reacciones políticas de la oposición andaluza se centraban en solicitar la dimisión de Alfonso Guerra como presidente del Patronato del Parque Nacional de Doñana y en ver frustrada por la mayoría socialista su intención de crear una comisión investigadora en el Parlamento andaluz.
Las conclusiones finales del Instituto Nacional de Toxicología determinaron como causa de la mortandad de las aves la ingestión de pesticidas organofosforados -el metil-paratión o Folidol M-35-, de uso prohibido en zonas húmedas. En este informe se apoyará la acusación particular para solicitar un año de prisión menor para los 30 arroceros encausados; los comerciantes Julio Moreno Sotillo, gerente de la empresa Fitomar, y Enrique Navarro Andreu, propietario de la Casa del Agricultor de Coria del Río, que suministraron los productos, y los responsables autonómicos en el momento de los hechos, Antonio García Tanago del Río, ex director general de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Andalucía, y Juan Ignacio Caballero García de Vinuesa, a quienes se acusa de neglicencia e incumplimiento de sus funciones.
140 millones de indemnización
Además de la pena de prisión, la acusación particular solicitará las inhabilitaciones correspondientes, el pago de las costas del proceso y una indemnización de casi 140 millones de pesetas a la Junta de Andalucía por su responsabilidad civil subsidiaria, cantidad en la que fueron valoradas por la Estación Biológica de Doñana las 20.000 aves que perecieron en la catástrofe.
Frente a esta petición, la fiscal del caso, Auxiliadora de la Rosa, solicitará penas de un mes y un día de arresto mayor para arroceros y comerciantes, y 50.000 pesetas de multa para cada uno de ellos, como responsables de un delito de utilización y venta de productos químicos prohibidos. El ministerio público no considera responsables a los altos cargos de la Administración procesados, por cuanto no entra a dilucidar si la causa real de la mortandad fue el uso de ese producto prohibido.
