Doble fondo

EL PROYECTO de nuevo Reglamento del Congreso establece un mecanismo en función del cual bastará haber sido diputado durante dos legislaturas para acceder &la pensión máxima en el momento de la jubilación. A tal fin, los propios diputados cotizarán a un fondo destinado a complementar las pensiones que no alcancen ese nivel (actualmente fijado en torno a las 250.000 pesetas mensuales). El desvelamiento de la cuestión ha producido cierto revuelo y bastante confusión. Revuelo, porque no puede dejar de llamar la atención la falta de pudor de los diputados para utilizar en beneficio propio su capacidad normativa. Confusionismo, porque al calor de la polémica se han vuelto a oír las viejas quejas contra la profesionalización de los políticos.Sin esa profesionalización sólo podrían dedicarse a la política, como en el antiguo régimen, los aristócratas y, como mucho, algunos abogados del Estado de acomodada posición (y con el puesto asegurado de por vida). La descalificación de los políticos como unos aprovechados que encima de no dar ni golpe pretenden cobrar recuerda demasiado al discurso de uno que sí dio golpe y cuando más mandaba recomendó a uno de los suyos: "Haga como yo; no se meta en política".

Pero una cosa es recibir un salario digno y otra concederse ventajas de las que no disponen otros ciudadanos. No es la entidad de la ventaja, sino su carácter de privilegio lo que la hace odiosa. Pues si bien es cierto que ese fondo suplementario saldría de los descuentos efectuados en las percepciones de los diputados, ¿cómo olvidar, que son también ellos quienes fijan anualmente, esas percepciones, y que nada les impide hacerlo de forma que compensen la proyectada aportación obligatoria destinada a garantizar la pensión máxima a quienes no tuvieran derecho a ella? Y sobre todo: ¿por qué se da por supuesto que el hecho de haber sido diputado durante algunos años de su vida otorga a unos ciudadanos el derecho a percibir una pensión que exige a los demás haber cotizado por espacio de 35 años?

Puede que existan casos excepcionales de personas que por su particular peripecia vital -años de exilio, etcétera- aconsejen un tratamiento singular. Pero para eso, entre otras cosas, deben estar los cuantiosos fondos, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, de que disponen los partidos políticos y sus grupos parlamentarios. Nada avala la pretensión de los partidos de dar por supuesto que toda nueva necesidad surgida (o imaginada) ha de sufragarse con nuevas partidas y sin tocar los fondos de que disponen: el año pasado fue la ocurrencia de dotar a cada diputado de un asistente.

Algunos políticos dicen extrañarse de la distancia que, según las encuestas, se ha abierto entre ellos y el resto de los ciudadanos. No se debe a razones ideológicas. Más bien es consecuencia del abismo psicológico que necesariamente separa a quien sabe que tiene que pagarse el taxi, las comidas, el seguro médico, los viajes, los sellos, el teléfono, de quien se ha acostumbrado a que todo eso corra por cuenta del Estado.