Gasto público y productividad

El problema número uno a resolver en nuestro proceso de convergencia con los países centrales de la Comunidad Europea es, probablemente, la reducción del tamaño del Estado, es decir, reducir primero el crecimiento y después el tamaño de un gasto público, hoy prácticamente incontrolado. Esto se ha dicho hasta la saciedad, pero lo que no suele decirse expresamente y con claridad son las causas principales que han llevado a esta situación.La primera causa de este crecimiento desproporcionado del gasto es el coste de financiación del sistema autonómico. Simplemente, el Estado de las autonomías es algo que el país no es lo suficientemente rico para mantener, y ello con independencia de cualquier consideración política. El país no puede financiar 17 Gobiernos (aparte del central); cientos de ministros (consejeros), con sus coches, sus secretarias y sus gabinetes; cientos de miles de funcionarios, amiguetes y correligionarios políticos; ocho canales de televisión en pura pérdida, y el largo número de etcéteras que este sistema conlleva (que Arzalluz declare públicamente que la culpa del incremento del gasto la tiene el Gobierno es una broma siniestra).

Gasto desenfrenado

Éste es el problema número uno. El número dos es el gasto desenfrenado de los ayuntamientos, sin distinción de ideologías. La mayoría de éstos, para satisfacer a sus electores o a su propia vanidad, han emprendido obras necesarias o innecesarias, que eso no hace al caso, pero que simplemente excedían la capacidad económica de los mismos.

Lo primero era gastar, lo de pagar ya se vería después. Desde un punto de vista keynesiano, este crecimiento del gasto (sea el que sea, incluyendo una mariscada de los ediles de un Ayuntamiento) tiene efectos beneficiosos sobre el crecimiento y el empleo; éste es un mecanismo económico muy estudiado y de sobra conocido, y en este sentido este gasto desmesurado, aparte de la especulación ya mencionada, es causa de la mayor parte, del crecimiento de los últimos años.

El problema es que el crecimiento que genera resulta ser efímero la mayoría de los casos, a no ser que el gasto sea de inversión, lo que producirá riqueza en un futuro próximo, el gasto meramente consuntivo no tiene efectos permanentes y al final sólo genera inflación y déficit, tanto público como de pagos exteriores.

La gran fiesta del 92

Después de los gastos mencionados vienen las del propio Gobierno central. No voy a incidir sobre las causas principales del mismo, porque éstas son sobradamente conocidas y se han escritorios de tinta sobre las mismas. Sólo incidir en dos o tres puntos.

La gran fiesta del 92 ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero no quien lo había llenado hasta el borde, y con todo, ha tenido aspectos muy positivos para la imagen internacional de España, aunque se hayan cometido errores económicos significativos, como, por ejemplo, el AVE, no porque esté mal en si, sino porque España no es suficientemente rica para permitírselo.

Después, que en la reducción del gasto el Gobierno ha actuado en forma poco selectiva, es decir, recortar.sin matizar, con independencia de las consecuencias económicas, aunque tal vez sí se hayan tenido muy en cuenta las consecuencias políticas. Dos ejemplos: suprime las oposiciones a los cuerpos de élite del Estado, que son los únicos que dan calidad a la gestión pública, y hace de plantilla a 20.000 funcionarios interinos, que, con toda seguridad, aportan infinitamente menos a la productividad del Estado, aunque, desde luego, aportarán más votos. Recorta drásticamente los presupuestos de in fraestructura y Defensa, y daña seriamente varios segmentos importantes de la industria española. Recortar gastos sí, pero con criterio económico, calculando las consecuencias; un recorte de "todos café" es muy sencillo, pero impropio de un Estado moderno.

Éste es el diagnóstico, pero ¿cómo se arregla?, ¿cómo se puede dar marcha atrás a las autonomías o poner firmes a los ayuntamientos? Yo personalmente no lo sé, creo que la única posibilidad sería un acuerdo de Estado entre los principales partidos y administraciones, incluyendo a catalanes y vascos, cuyas autonomías pueden ser las únicas o casi las únicas a mantener, y que cada formación política pusiera firmes a sus respectivos alcaldes en cuanto al volumen de gasto. Esto es dificilísimo, y además todo parece indicar que caminamos justo en sentido inverso.

Las encuestas conocidas apuntan a una situación a la italiana, donde nadie tiene mayoría y habrá que gobernar con coaliciones, y eso desde un punto de vista económico es pura y simplemente un desastre.

Como en Italia, los diferentes partidos políticos en el poder están garantizándose la fidelidad de sus votantes (o de una parte de ellos) a base de concederles determinadas contraprestaciones, o pura y simplemente de colocarles en los Gobiernos autónomos, ayuntamientos o en cualquier otro sitio donde éstos manden. Esto en Italia ha durado muchos años y hoy tiene a este país al borde de la quiebra. En Italia, hoy, el problema no es que se congela el sueldo de los funcionarios, el problema es si podrán pagar las nóminas dentro de cuatro meses.

En España no se ha llegado todavía a esta situación límite, pero vamos rápidamente camino de ello, y la disgregación de poder político que prometen las próximas elecciones, donde ya nadie tendrá una mayoría suficiente, contribuirá a acelerar el proceso antes que a frenarlo. El problema es que Italia es un país que ha aguantado muchos años porque su potencia económica real es notablemente superior a la de España.

Italia posee una industria poderosa, grandes capitanes de empresa, una capacidad exportadora notable, y, en definitiva, un tejido innovador e industrial al que no nos acercamos ni de lejos. Y, a pesar de ello, un sistema político disparatado y corrupto que ha llevado a un gasto público enloquecido está a punto de hundir el país. Si España continúa en esa vía (y nadie parece poder impedirlo), ' no podrá aguantar decenios, como ha aguantado Italia; aguantaría, si acaso, años, y, desde luego, no muchos.

Deshacer la madeja

El problema después es gigantesco. ¿Qué hace Italia con los cientos y cientos de miles de funcionarios o empleados de empresas públicas que el país no necesita para nada, y que sólo están ahí porque los diferentes partidos los han colocado para garantizarse su voto? ¿Cómo se deshace esa madeja? Realmente, nadie lo sabe; lo único seguro es que ya no pueden seguir así porque ya no hay dinero para pagar.

Con toda su enorme gravedad y sus negras perspectivas, el gasto público no es nuestro único problema; ¿qué pasa con la productividad? Todo el mundo habla de ello y de su importancia decisiva en la economía, pero muy poco se hace seriamente por incrementarla.

En este sentido, los ministerios sectoriales parece que juegan a veces a la contra del Ministerio de Economía y Hacienda, como si su misión fuera la defensa de la cuenta de resultados de empresas concretas y no la defensa de la cuenta de resultados de España.

En este sentido un ejemplo podría ser la compañía Telefónica: España tiene uno de los servicios telefónicos más caros del mundo desarrollado, y una calidad que en muchos segmentos (los teléfonos celulares, por ejemplo) es claramente tercermundista. ¿En nombre de qué principios se mantiene el monopolio de Telefónica y no se liberalizan de una vez por todas los sistemas de telecomunicaciones y se permite competir abiertamente a todas las multinacionales que quieran hacerlo? Si esto sucediera, las facturas del teléfono bajarían no menos de un 30% y a la mitad los servicios internacionales. Entonces, ¿por qué no se hace, si hoy ya es técnicamente posible?

Si queremos tener un país eficiente y moderno, la competencia es la única arma que tiene un Gobierno para conseguirlo. Históricamente es lo único que realmente ha funcionado en la economía, lo único que rebaja los precios, fomenta la innovación y la calidad y mejora el servicio al público. Todo lo demás es pura demagogia.

En un país tan fuertemente regulado como es el nuestro y tan lleno de privilegios, castas y pequeños y grandes monopolios, el incrementar la productividad a los niveles necesarios es casi una misión imposible, pero es el único camino si es que de verdad se quiere llegar a la unión económica y monetaria con Europa en 1997.

O alguien termina de raíz con esta situación, reduciendo el tamaño del Estado e instaurando un sistema de competencia sin paliativos, que persiga de verdad los acuerdos restrictivos de la libertad de mercado y que acabe con privilegios y barreras innecesarias, o España no saldrá nunca adelante con la velocidad que el gran reto del 97 requiere.

es catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.