La dirección del PSOE se enfrenta a Serra y a Solchaga por la cesión del IRPF a las autonomías

El debate sobre la cesión de la gestión del 15% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a las comunidades autónomas se ha convertido en otro capítulo del enfrentamiento Gobierno-PSOE, además de una batalla entre autonomías, sobre todo entre Cataluña y Extremadura. Una vez establecido el pacto entre las autonomías y el Ministerio de Economía, el responsable institucional del PSOE, Abel Caballero, convocó el pasado julio a los representantes de las autonomías con gobiernos socialistas y les manifestó que el partido aún no se había pronunciado al respecto.

Ésta posición de la dirección del PSOE, según fuentes gubernamentales, suscitó la beligerancia del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, contra la cesión del IRPF, a la que después se adhirió la Junta de Andalucía. Enfrente se sitúa el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), alineado con la Generalitat, con el respaldo de Economía y la Vicepresidencia del Gobierno.Los representantes de las comunidades y el secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, alcanzaron un acuerdo el pasado 30 de enero en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera por el que las comunidades autónomas pasarían a gestionar el 15% del IRPF, según la versión del Ministerio de Economía y Hacienda.

Corresponsabilidad fiscal

El texto del acuerdo dice: "El Consejo de Política Fiscal y Financiera considera deseable asignar a las comunidades autónomas un mayor grado de corresponsabilidad fiscal. A estos efectos acuerda crear un grupo de trabajo para que examine las posibilidades que ofrece la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), especialmente en la variable esfuerzo fiscal. Este grupo deberá emitir antes del 30 de junio un informe sobre la aplicación práctica de este acuerdo".

El secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, ha interpretado este acuerdo en reiteradas comparecencias públicas en el sentido de que las autonomías pueden gestionar el 15% del IRPF. Asimismo, el acuerdo incluía la capacidad normativa de las autonomías y su participación directa en la recaudación tributaria.

"En España, el 85% de los ingresos de las comunidades autónomas proceden de las subvenciones del Estado y eso es políticamente insostenible. Ante esta situación, hay que dar un mayor peso a la recaudación de impuestos por parte de las comunidades autónomas lo que no deja de ser un paso prudentísimo en una dirección que ya han recorrido los estados federales", argumenta Antoni Castells, diputado autonómico del PSC.

Esta versión difiere de la que ofrece el responsable de Política Institucional del PSOE, Abel Caballero. Éste afirma: "Yo no sé de qué acuerdo hablan. Alguien tendría que decir quién hizo ese acuerdo. Lo que yo sé es que hay muchas divergencias entre las comunidades autónomas y, por tanto, las cosas están verdes para tomar decisiones". En esta misma línea se situó el pasado fin de semana el secretario de Estado para las autonomías, Francisco Peña.

El presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, argumenta que el acuerdo, tal y como lo interpreta el secretario de Estado de Hacienda, "rompe la Hacienda del Estado y fomenta la insolidaridad entre las regiones ricas y las pobres".

Sin embargo, desde el PSC se afirma que la posibilidad de gestionar el IRPF no entra en contradicción con la solidaridad interterritorial. "El acuerdo prevé mecanismos de solidaridad, tal y como está previsto en la LOFCA, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, y tiene una finalidad igualitaria. Insisto en que se trata de avanzar de forma muy prudente hacia una fórmula normal en los estados federales", afirma Antoni Castells.