Un juicio por corrupción sienta en el banquillo a la clase política japonesa

Los dos principales procesados en el escándalo protagonizado por una de las grandes empresas de transporte en japón han negado los cargos presentados por el fiscal. El juicio, que puede prolongarse un mes, decidirá el futuro de destacados políticos nacionales. Dos ministros en el actual Gobierno, tres antiguos primeros ministros y el político más poderoso del país han sido relacionados con el escándalo.

Hiroyasu Watanabe, de 58 años, destituido presidente de la compañía Ságawa Kyubin, está acusado de entregar 16 millones de dólares (más de 1.600 millones de pesetas) en contribuciones políticas ilegales y de desembolsar 1.000 millones más en préstamos o garantías bancarias a empresas que mantenían estrechas relaciones con la mafia nipona (yakuza). De confirmarse las imputaciones, quedaría destruída la carrera de prominentes dirigentes. Shin Kanemaru, de 78 años, el padrino liberal, verdadero hacedor de reyes, admitió recientemente haber recibido, sin haberlos declarados, un total de cuatro millones de dólares de Hiroyasu Watanabe, pero ahora lo niega.La Ley de Control de Fondos Políticos establece que todas las donaciones superiores a los 8.000 dólares (más de 800.000 pesetas) deberán quedar registradas. En caso contrario, los infractores pueden ser multados con 1.600 dólares y el cese del cargo público.

Gran parte de los comentaristas locales anuncian que hechos de notable relevancia aflorarán en el proceso, cuya celebración puede provocar un retraso en la crisis ministerial prevista en el Gobierno de Miyazawa.

Portavoces liberales anticipan que Miyazawa pospondrá cualquier cambio en su Gabinete "hasta que quede claro que ninguno, de sus ministros resulta afectado por alguno de los cargos". El titular de la cartera de Exteriores, Michio Watanabe, y el de Transportes, Keiwa Okuda, presentaron querellas contra los medios de comunicación que les acusaron de haber aceptado dinero de la empresa Sagawa.