El plan municipal de reparación de casas ruinosas fracasa por "injusto"

Madrid se ha convertido en una ciudad antigua con casas viejas. Los motivos de su deterioro son múltiples. El Ayuntamiento empezó en 1987 un plan para actuar en esos inmuebles -en sustitución de sus dueños- que se ha demostrado "injusto" y que se va reformar. La principal objeción es económica. Las arcas municipales han recuperado sólo el 17% de los más de 6.000 millones invertidos en un número indeterminado de casas. Tampoco se sabe cuántos embargos ha habido por impago, y se asegura que nadie ha perdido todavía su casa. Pero ése es ahora precisamente el objetivo: si no hay dinero se pagará con la vivienda. Los vecinos afectados se quejan de falta de información y descontrol en los presupuestos.

El sistema de la ejecución sustitutoria se pensó como un procedimiento urgente para poner en condiciones los barrios viejos, céntricos y periféricos, de muchas ciudades españolas y para evitar las ruinas. Jurídicamente se. basa en la Ley del Suelo y en la Ley de Disciplina Urbanística de la Comunidad.El Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, ha sido el único de España que lo ha llevado a cabo. La experiencia, ahora, se quiere copiar en otros municipios cuando aquí sus responsables se plantean reordenarla en profundidad "por injusta", reconoce Pedro Areitio, gerente de Urbanismo.

Además de injusta es poco rentable. El Ayuntamiento ha ido incrementando su dotación presupuestaria para este tipo de actuaciones y la va a situar este año en una cifra cercana a los 2.000 millones de pesetas.

En todos estos años, el Ayuntamiento se ha gastado 6.098 millones en reparar o asegurar viviendas en mal estado, pero sólo ha recuperado 1.053 (17%). El municipio actúa en estos casos cuando el vecino no ha podido, no ha querido o no ha sabido hacerlo a tiempo, pero, en teoría, el dinero público invertido debería ser recuperado totalmente al finalizar las obras. Esto no sucede.

Sangría económica municipal

La escasa recaudación por este concepto es considerada por los responsables políticos y técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo como una sangría insoportable. En 1987, el Ayuntamiento certificó 325 millones para obras de ejecución sustitutoria y cobró luego 105. Este año la dotación programada es de unos 1.736 millones y la recaudación va por 151 millones.

El objetivo final de este plan sustitutorio era demasiado bueno para ser real. El Ayuntamiento realiza una inversión, importante, en rehabilitar casas viejas en muchas ocasiones de barrios históricos. La ciudad mejora. El Ayuntamiento dirige y supervisa las obras, que se otorgan en Madrid a dos constructoras privadas, y luego cobra totalmente la inversión a los afectados, sin otorgarles ninguna subvención ni ningún crédito blando.

El Ayuntamiento se ha dado cuenta de que el supuesto chollo tiene sus lados oscuros, fundamentalmente en cuanto a la burocracia y dificultades insalvables de los procesos administrativos y judiciales necesarios para cobrar.

Los implicados en las obras recitan sin parar los males del invento. Florinda Franco, presidenta de una comunidad de afectados en la calle de San Nicolás, número 3, está especialmente descontenta y es la más razonable y menos exaltada de los 10 vecinos del inmueble. Hace dos años que se tuvo que marchar de su casa, semiesquina a la calle Mayor, y desde entonces vive de alquiler, en Moratalaz, con sus padres. Paga 100.000 pesetas al mes y no sabe ni cuándo podrá volver a su hogar -hace dos años que lo abandonó- ni cuánto tendrá que pagar entonces para que su casa siga siendo suya.

Masi, la vecina del primero, tiene las mismas dudas, pero más agravios: "He pasado todo este tiempo con mi familia en una zona del piso habilitada de emergencia. Me han cambiado la cocina tres veces de sitio, me ha pasado de todo y, de verdad, hemos vivido peor que los chabolistas".

El argumento de fondo de las críticas de los vecinos es que al Ayuntamiento, a largo plazo, le sale gratis rehabilitar Madrid y que se trabaja sobre sus casas con su total desconocimiento. "Si nosotros luego no podemos pagar se quedan con nuestras casas y aumentan su parque de viviendas", explica otro afectado.

Los bomberos entraron un día en esta finca porque se desplomó el suelo de unos inquilinos por una fuga de agua, y aquella actuación ha hipotecado sus vidas. El primer presupuesto de rehabilitación se fijó en 20 millones, pero el valor de la obra supera ya los 80. En dos años no han visto un plano. Muchos destrozos, causados durante los trabajos, deberán ser reparados a su costa.

Presupuestos incontrolables

Todos estos datos son reconocidos, pero también justificados por los responsables de Gerencia de Urbanismo. "Los presupuestos son incontrolables porque no sabemos dónde nos metemos ni lo que hará falta hacer para que la casa se mantenga en pie y porque además cuando el Ayuntamiento entra en acción no es para hacer una chapuza y tener que volver a los pocos años", asegura tajante Fernando Macías, jefe de la sección de protección a la edificación.

La prueba del impulso municipal en la ejecución sustitutoria es esta sección, que ha pasado de disponer hace seis años de dos arquitectos y cuatro aparejadores a los seis arquitectos y 20 aparejadores actuales. El presupuesto inicial suele ser engañoso y bajo, según Areitio, para proteger a los posibles inquilinos.

"Si ponemos el precio de la reparación muy alto, por encima del 50% del valor de la casa, el propietario puede recurrir al juez para que declare la finca en ruina contradictoria, y si esto sucede el propietario puede echar a todo el mundo y especular" razona Areitio.

Tanto Areitio como Macías admiten que en la enorme casuística que se plantea se producen injusticias. "Hay un 4% de casos conflictivos, por su incidencia social, en los que damos facilidades para su resolución, pero el Ayuntamiento tiene que cobrar porque juega con dinero público que no se puede regalar", afirma Macías.

Areitió ya tiene perfilado el proyecto para modificar el sistema. El Ayuntamiento exigirá ahora en las ejecuciones sustitutorias la firma por parte de los interesados de un apunte registral preventivo para inscribir en el registro de la propiedad la carga o hipoteca que el Ayuntamiento ha invertido. Si no se pagase responderá con la casa y el propietario pasará a ser inquilino municipal.