17.000 policías intentan evitar incidentes por el juicio de Collor

La capital brasileña amaneció ayer bajo un inusitado despliegue de fuerzas de seguridad: 17.000 hombres vigilaban desde la Plaza de los Tres Poderes hasta la mansión particular del presidente, Fernando Collor de Melo. Las autoridades temían desórdenes después de que el Supremo Tribunal Federal decidiera, por la tarde, la forma en que la Cámara de Diputados debe votar el juicio político al Jefe del Estado.Collor, acusado de corrupción, presentó hace 10 días un recurso ante ese alto tribunal exigiendo que los diputados zanjen la cuestión mediante el voto secreto. El presidente, que durante las últimas semanas ha distribuido recursos públicos entre los legisladores afectos a su causa, teme que el voto ejercido ante las cámaras de televisión inhiba a sus defensores, muchos de los cuales son candidatos en las elecciones municipales de dentro de 10 días.

La fase final del proceso en la Cámara de Diputados se puso en marcha ayer, tras el alegato presentado por el abogado defensor del presidente, y en los medios políticos de Brasilia se estima que los legisladores se pronunciarán sobre la situación de Collor de Melo el próximo martes.

El ritual parlamentario para la destitución del presidente continúa mañana, cuando es probable que la comisión especial del Congreso recomiende la separación de Collor de la presidencia durante 180 días para que se le someta a juicio ante el Senado.

Dimiten todos los ministros

El próximo lunes, víspera de la votación, todos los ministros y secretarios de Gobierno presentarán su dimisión. "Mi misión está cumplida", dijo el lunes en Washington el ministro de Economía, Marcilio Marques Moreira, quien se ha negado a autorizar la liberación de fondos con cargo al presupuesto para satisfacer a los diputados gubernamentales. El titular de Justicia, Celio Borja, admitió que "es preciso un desenlace rápido, pues la gobernabilidad se reduce día a día".Mientras los diputados se disponen a decidir el destino del presidente, el Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación sobre la utilización de recursos públicos para comprar el voto de algunos legisladores. El tribunal decidirá mañana sobre una propuesta de que el presidente del Banco do Brasil, Lafaiete Torres, sea suspendido en sus funciones por haber destinado vastos fondos de esa institución para impedir el juicio político.

El anciano diputado Ulysses Guimaráes, considerado como un símbolo de la democratización de Brasil, dice no creer "que la mayoría de los diputados vaya a hacerse el haraquiri". Según él quien "vote contra los ciudadanos, estará perdido".