Hormaechea baila en la cuerda floja

Aferrado a la popularidad que conserva entre los cántabros, que resaltan sus obras públicas con el endeudamiento que han supuesto, Juan Hormaechea, de 53 años, quiere continuar como si nada hubiera ocurrido y formar un nuevo Gobierno regional, tras la dimisión de seis de sus nueve consejeros. Pero la falta de fondos, la ausencia de presupuestos para el presente año y la mayor firmeza del Grupo Popular autonómico, auguran una lenta descomposición de su poder personal.

Con un endeudamiento de 90.000 millones de pesetas en una comunidad cuyos presupuestos ordinarios no alcanzan los 50.000, la Diputación Regional vive de las inversiones aprobadas en un presupuesto extraordinario de 1991, elaborado por el Gobierno de coalición de populares, socialistas, centristas y regionalistas. En diciembre de 1990 el PP, el PSOE, el CDS y el Partido Regionalista de Cantabria se pusieron de acuerdo para aprobar una moción de censura contra Hormaechea, inducida por José María Aznar.Hormaechea era el primer conocedor del endeudamiento del Gobierno regional, porque él mismo había hecho que se disparara. Por eso, en junio del año pasado quiso regresar a la alcaldía de Santander. Encabezó las candidaturas de su nuevo partido, la Unión para el Progreso de Cantabria, tanto para la elección del Ayuntamiento de la capital como del Gobierno autónomo e intentó a toda costa, según algunos concejales, volver a la alcaldía, que ya había ocupado de 1977 a 1987.

El rechazo frontal de varios concejales a votar su elección y la preminencia final de otros intereses políticos le mantuvieron en la presidencia del Gobierno autónomo. "En realidad, lo que le interesaba del Ayuntamiento era controlar el urbanismo, es decir, las relaciones con los empresarios de la construcción" según uno de sus últimos colaboradores.

Para muchos cántabros, el resultado de las elecciones autonómicas de 1991 fue sorprendente.

Hormaechea consiguió 15 diputados frente a seis del PP, y propició un pacto difícil de asimilar. El PP, que había promovido la moción de censura contra él y le había descalificado hasta la saciedad, llegó a un acuerdo para reelegirle como presidente autonómico - única vía para impedir la elección de un presidente socialista- a cambio de la disolución de la Unión para el Progreso de Cantabria en el seno del PP.

Ahora, el caudillista presidente cántabro amenaza a Aznar con reconstituir su partido y escindir el PP cántabro si continúa el acoso contra él. En la dimisión materializada el pasado viernes por seis de los nueve consejeros del Gobierno regional, tres de ellos -Roberto Bedoya, Alberto Rodríguez y José Parra- han recorrido por segunda vez el camino de regreso al PP tras haberlo abandonado para asociarse con Hormaechea.

Motivos personales

Las humillaciones frecuentes que han tenido que sorportar, sus problemas con la justicia -los tres se hallan procesados, en el mismo sumario que Hormaechea, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos-, en definitiva, el hartazgo, les han llevado a dimitir. Los seis ex consejeros se han comprometido a no dar explicaciones públicas de su renuncia. El pasado viernes, se limitaron a difundir un comunicado en el que atribuían su decisión a motivos personales.

La falta de coraje político que esa actitud entraña es presentada por dirigentes nacionales del PP como ejemplo de las dificultades para desarrollar los intentos de aislamiento de Hormaechea y para obtener su renuncia. Hace tres meses varios consejeros consultaron con los hombres de confianza de Aznar su estrategia para conseguir una renuncia unánime de todos los miembros del Gobierno cántabro. El mensaje que recibieron fue que cada cual debía afrontar sus responsabilidades.

Ahora Hormaechea se encuentra expuesto a que el Grupo Popular le rechace los Presupuestos para 1992, cuando los presente, u otros proyectos cuya paralización puede embarrancar su gestión. Y dentro de unos nueve meses tendrá que sentarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria acusado de cuatro delitos de prevaricación y dos de malversación de fondos públicos por los que la fiscal pide 33 años de inhabilitación especial.