El Supremo cursará un suplicatorio para investigar al senador de HB Iñigo Iruin

El magistrado Gregorio García Ancos ha propuesto cursar un suplicatorio al Senado para proceder contra el parlamentario de Herri Batasuna (HB) Íñigo Iruin. García Ancos fue encargado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de investigar las acusaciones contra el senador de HB por Guipúzcoa por presunta implicación en el cobro del impuesto revolucionario. Si el Senado concede la autorización, Iruin será llamado a declarar.

En los próximos días, la Sala dictará un auto exponiendo los motivos por los que se dirige a la Cámara alta y lo remitirá a ésta por conducto de la presidencia del Supremo. Iruin, abogado de presos etarras, fue acusado en febrero de gestionar el cobro del impuesto revolucionario por dos empresarios que acudieron a su despacho tras recibir cartas de ETA. El abogado y senador quedó en responder si hacía gestiones. Posteriormente les indicó que acudieran a una plaza de Oyarzun, donde personas que hablaban en nombre de ETA negociaron las entregas.

Juicio contra Reizábal

Un abogado del despacho de Iruin, Álvaro Reizábal, fue acusado por varios empresarios de entregar datos y contraseñas para hacer pagos a ETA. Reizábal está pendiente de juicio con una petición fiscal de 15 años de cárcel. Las diligencias por estos hechos fueron remitidas al Supremo por el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren.

Un mes después, el juez Baltasar Garzón también remitió al Supremo otras diligencias en las que acusada a Iruin de haber mediado en el pago del rescate del industrial Adolfo Villoslada.

Según las investigaciones de Garzón, el 26 de marzo de 1991 el abogado de la familia Villoslada y un hermano del secuestrado se entrevistaron con Iruin en su despacho de San Sebastián. En dicha entrevista se redactó una carta dirigida a ETA en una de las máquinas eléctricas del despacho. Según consta en las diligencias, esta carta,-en la que la familia negaba haberse demorado en los pagos y pedía una entrevista personal con algún interlocutor de ETA- fue entregada a Iñigo Iruin, quien presuntamente la hizo llegar a la banda.

[El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, recriminó ayer al diputado del PP Federico Trillo que le preguntase en el Congreso por la concesión de beneficios penitenciarios al etarra Alfonso Briones, condenado a 100 años de cárcel por asesinato, y que, según el diputado, obtuvo el tercer grado penitenciario tras dos años de cumplir condena, informa Camilo Valdecantos.]