Una mesa insuficiente

EL ACUERDO de Ajuria Enea fue un intento de evitar que las divergencias sobre la forma de acabar con la violencia se convirtieran en una baza adicional de los violentos. Los avances producidos en la lucha contra los terroristas se veían frecuentemente contrarrestados en el terreno político por las trifulcas que surgían entre los partidos nacionalistas y los no nacionalistas, o entre los del Gobierno y los de la oposición, en tomo a iniciativas como la solicitud de extradiciones, la dispersión de los presos de ETA, la concesión de indultos, la convocatoria de una "mesa por la paz" (y si Herri Batasuna -HB- habría o no de ser invitada a participar en ella), etcétera.El pacto estableció una serie de principios que por su naturaleza no podían dejar de ser compartido

s por todos los partidos democráticos: fundamentalmente, la negativa a ceder al chantaje de la fuerza y la renuncia a sacar ventajas de los efectos de la violencia. Ello se traducía sobre todo en el rechazo a la exigencia etarra de negociación política: obtención de objetivos políticos a cambio de dejar de matar. El fundamento del pacto era el consenso de todos: de poco servía el acuerdo si sólo era aceptado por los partidos del Gobierno, por muy mayoritarios que fueran, o por los de ideología nacionalista, o por los de implantación en una determinada provincia, etcétera.Esos principios fueron unilateralmente rotos por el PNV (en algunos casos, con el aval de los socialistas) por motivos de interés partidista: en particular, evitar la formación de una mayoría alternativa en la Diputación de Guipúzcoa. Tanto la cesión en relación con la autovía de Leizarán como el contenido de las conversaciones con HB -revelado por este último partido- vulneran el espíritu (si no la letra) del pacto. Garaikoetxea, cuyo partido, Eusko Alkartasuna, había soportado el desgaste de la presión radical en relación con la autovía, que había sido expulsado del Gobierno vasco por su alianza con HB en el asunto de las mociones independentistas y que se había visto imposibilitado de formar mayoría en Guipúzcoa por la prohibición implícita de llegar a acuerdos con ese mismo partido, se sintió estafado y anunció su retirada del pacto. La reacción de Arzalluz según la cual el acuerdo seguiría vigente "mientras lo apoyen el PNV, el PSOE y Euskadiko Ezkerra [EE], que representan el 70% del electorado", implica no entender o menoscabar el sentido del mismo: si agrupa sólo a los partidos del Gobierno, ya no es la expresión del consenso democrático global, sino un instrumento partidista. Ese partidismo se reflejó también en la negativa a aceptar la incorporación de Euskal Ezkerra (la escisión de EE).

La recuperación del consenso exigía el reconocimiento de que algunos lo habían vulnerado. Pero como al final todos tenían algo de que acusarse, los firmantes han buscado una fórmula más bien autoexculpatoria mientras lamentaban -con la boca pequeña- la ausencia de Eusko Alkartasuna. Que este partido ha estado siempre con un pie fuera, puede ser cierto. Pero empujarle a que se vaya, como se ha hecho, es irresponsable. El lehendakari, como impulsor y garante del acuerdo, debería haber ofrecido a Garaikoetxea alguna compensación que permitiera a éste volver a la mesa. Por ejemplo, la admisión en la misma de sus aliados de Euskal Ezkerra. La suma de sus votos los convertiría hoy probablemente en la primera fuerza de Guipúzcoa. Al desdeñar esa posibilidad, los firmantes han dejado sin cerrar la brecha que se abrió en torno a la autovía. Y tal vez han abierto otra nueva que divide a los partidos vascos no entre demócratas y violentos, sino entre autonomistas e independentistas: algo a lo que siempre aspiró HB. Por eso, si bien la reafirmación de los principios producida en la reunión del lunes era necesaria, no parece que sea suficiente para sostener que la Mesa de Ajuria Enea ha sido reconstruida.