El nuevo catastro entrará en vigor en 1994 y afectará a toda España en 1998

La revisión catastral tendrá sus primeros efectos tributarios a partir de 1994. Ese año entrarán en vigor los nuevos catastros de cuatro millones de unidades urbanas, según informó el secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza. El resto, hasta 20 millones de viviendas en 7.558 municipios de España, se revisará a una media de 3,54 millones al año. En 1998 se completará la revisión.

A partir de 1998, la revisión será continuada, por lo que ya no tendrá fin. El nuevo valor catastral será al 50% del precio de mercado, cuando en la anterior revisión era del 70% y, según explicó Zabalza ayer en el Congreso de los Diputados, no supondrá aumentar. la presión fiscal.Zabalza aseguró que entre este año y el primer trimestre de 1993 se actualizarán los valores catastrales de esas viviendas. De ellas, 1,5 millones corresponderán a los 1.224 municipios que no cuentan con catastro en la actualidad.

El resto se revisará a continuación seleccionando los municipios entre todos aquéllos que han solicitado la revisión. Entre ellos figurará Barcelona -con más de 780.300 unidades urbanas- y no Madrid, que no ha pedido revisión.

Sobre la revisión de viviendas de protección oficial (VPO), los criterios serán los mismos que el resto, aunque las VPO mantendrán una bonificación del 50% durante tres años en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Respecto a los alquileres de prórroga forzosa, el propietario podrá elegir entre dos opciones a la hora de pagar el IBI, la que indique el valor catastral o la que indique la capitalización de la renta obtenida que, al ser en la mayor parte de los casos antigua, será la elegida por los propietarios. Todas estas medidas supondrán que se tengan que revisar la normativa de los impuestos de las personas físicas y de patrimonio, así como la nueva ley de aplicación del IVA y el anteproyecto de ley de arrendamientos urbanos.

Corresponsabilidad fiscal

Por otra parte, Zabalza aseguró que la Administración está preparada para elevar el nivel de recaudación fiscal de las comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda, en ese sentido, va a plantear al Consejo de Política Fiscal y Financiera la posibilidad de que Ias administraciones autonómicas puedan ser decisorias en determinados impuestos", aunque no precisó cuáles serían esos impuestos y si significaba que podían elevarlos o reducirlos.La corresponsabilidad fiscal es uno de los principales problemas con los que se enfrenta el Ministerio de Economía y Hacienda, según reconoció Antoni Zabalza ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. Zabalza, tras reseñar que a pesar de que las autonomías tienen amplias competencias en política de gastos no obtienen recursos del sector privado procediendo todos de transferencias del Estado, destacó que "sólo acaba consiguiéndose una mayorres ponsabilidad por parte de las comunidades autónomas cuando los contribuyentes identifican esa administración como responsable de los impuestos".

Zabalza, por otra parte, aseguró que las devoluciones de la renta no tendrán ningún retraso sobre el periodo legal, que termina el 31 de enero.

De hecho, según el secretario de Estado de Hacienda, ayer se enviaron los importes de 8.000 devoluciones de Madrid.