La Administración ampara a guardias civiles y policías condenados por malos tratos

Policías y guardias civiles condenados por delitos de torturas reciben trato de favor por parte del Gobierno y la Administración de Justicia. Prácticamente ninguno ingresa en prisión, muy pocos cumplen penas de inhabilitación y algunos son indultados. Según Interior, en 1991 hubo 268 procedimientos judiciales contra 500 funcionarios denunciados por malos tratos, lesiones o torturas. La Asociación Contra la Tortura afirma que en los últimos tres años han sido condenados 78 funcionarios.

La Asociación contra la Tortura conoce los nombres de 78 funcionarios condenados y 29 absueltos durante los últimos tres años. Los demás están pendientes de juicio o de diligencias judiciales. Diversas fuentes coinciden en que es "muy dificil" controlar el cumplimiento de las penas, en parte porque la Administración protege a los condenados.El último caso de presunto favorecimiento conocido afecta al capitán de la Guardia Civil José Pérez Navarrete, que ha sido nombrado asesor de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, mientras que su compañero José Antonio Hernández del Barco ha sido contratado para los servicios de Información de la Guardia Civil, pese a que ambos fueron condenados por torturas a Juana Goikoetxea en 1984. Interior asegura que la contratación es legal, aunque la pena impuesta conlleva cuatro años de inhabilitación.

"En los casos de inhabilitación, la propia Administración busca subterfugios para burlar la ley", afirma Jorge del Cura, de la Asociación contra la Tortura. "Nunca podemos saber si se cumple o no la sentencia porque a las partes personadas como acusadoras no se les da traslado de la liquidación de condena", añafde.

El teniente coronel Rafael Masa, condenado a una inhabilitación de seis años por su relación con las torturas sufridas por Tomás Linaza en 1981, no sólo no ha sido separado del servicio, sino que incluso ocupa un destacado puesto en los servicios de Información de la Guardia Civil.

Lucha antiterrorista

También son frecuentes los casos de agentes que ascienden de categoría sin que la Administración tenga en cuenta si han sido procesados o condenados. No obstante, la Administración no aplica siempre el mismo rasero. "Si el delito cometido por el agente está relacionado con la lucha antiterrorista, Interior es más benevolente que en otros supuestos", reconocen fuentes policiales.

Juan Carlos Fernández Vales, asesor del Sindicato Unificado de Policía, afirma que desde hace dos años la Dirección General de la Policía (DGP) cumple a rajatabla las sentencias de inhabilitación profesional de los agentes. El celo de la DGP alcanza tales extremos, dice, que ha llegado a separar del cuerpo a un funcionario condenado a suspensión de todo cargo público, por lo que el letrado ha debido recurrir a la Audiencia "para explicar que policía no es un cargo público, sino una profesión".

La DGP, sin embargo, no mostró tanta diligencia para ejecutar la sentencia que recayó sobre los dos inspectores acusados de no haber evitado las torturas que causaron la muerte al etarra Joseba Arriegui. José Antonio Gil Rubiales siguió trabajando en la Brigada de Documentación y Julián Marín Ríos continuó como jefe de los artificieros hasta que la dirección del cuerpo se vio obligada a hacer efectiva la condena.

Gil, finalizada la condena de dos años de inhabilitación, se incoporó la pasada primavera a las patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid. Al ahora comisario Marín le faltan cinco meses para cumplir los tres años que recayeron sobre él y luego se reintegrará a la policía, de la que actualmente sólo percibe 11.700 pesetas como recompensa por las medallas que posee. Marín pidió el indulto al Gobierno en octubre de 1989 y todavía hoy no ha recibido contestación.

El Gobierno se mostró más comprensivo hacia los guardias civiles José Domínguez Tuda, Manuel Macías Ramos y José Antonio Román Ríos, condenados por el Supremo en 1990 a penas de dos a tres años de inhabilitación profesional por torturas a José María Olarra. Los tres funcionarios fueron indultados el 8 de febrero del año pasado y Domínguez no cumplió los 6 meses de privación de libertad que tenía pendientes.

La Dirección de la Policía tampoco mostró diligencia para ejecutar la pena de 10 años de inhabilitación al inspector Manuel Amadeo Abonjo Blanco, condenado en 1984 a 10 meses de arresto y 10 años de inhabilitación por las torturas de Xabier Onaindía. En octubre de 1986, Abonjo seguía en activo en Valencia, después de haber obtenido del tribunal que le eximiera del cumplimiento de la pena de prisión.

Son raros los casos de funcionarios que llegan a ingresar en prisión. "Cuando hay sentencias de cárcel, los beneficios penitenciarios se les aplican muy rápidamente", dice Jorge del Cura, miembro de la Asociación contra la Tortura. Y pone como ejemplo la rapidez con que ha obtenido el régimen abierto en inspector Victoriano Gutiérrez Lobo, condenado por la desaparición. de Santiago Corella el Nani.

Otro asunto de probable tolerancia: Los 10 funcionarios de prisiones condenados en no viembre de 1990 por la muerte por torturas de Agustín Rueda en 1978 sólo han pasado unos meses entre rejas, no ingresaron en la cárcel hasta mayo de 1991 y dos meses más tarde obtuvieron el régimen abierto.