El Gobierno rectifica su aspiración inicial de tramitar con urgencia el Tratado de Maastricht

El Gobierno rectificó ayer su petición del pasado día 3 para que el Congreso de los Diputados tramitase por vía de urgencia la ratificación del Tratado de Maastricht. En un escrito aclaratorio afirma que su petición inicial sólo respondía "a la necesidad de garantizar que [la ratificación del tratado] esté finalizada a 31 de diciembre del presente año". A la vista de ese escrito, la Mesa del Congreso ha decidido, tramitar el proyecto por el procedimiento ordinario, aunque con el compromiso de todos los grupos de acelerar al máximo el recorrido parlamentario del proyecto.

Dirigentes del Grupo Socialista del Congreso se esforzaron ayer en explicar que no había rectificación en la postura del Ejecutivo, y el portavoz, Eduardo Martín Toval, llegó a afirmar que si alguien tiene que rectificar, "será algún medio de comunicación".El pasado día 3 la Mesa del Congreso decidió aplazar hasta ayer su decisión sobre si adoptaba o no la vía de urgencia para tramitar el proyecto de ratificación del Tratado de Maastricht. La oposición, dijo entonces que no aceptaba la celeridad por considerarla inconveniente. Los socialistas no impusieron entonces su mayoría y, con ello, impidieron que se cumpliera el deseo de Felipe González de que el Congreso de los Diputados ratificase el tratado antes de que el día 20 voten los franceses en su referéndum sobre Maastricht.

Ayer hubo unanimidad para aceptar la solución intermedia, que podría definirse como la utilización del procedimiento ordinario pero con la máxima prisa política posible.

Federico Trillo, representante del Grupo Popular en la Mesa del Congreso, se mostró satisfecho de la decisión del Ejecutivo y se felicitó porque el Gobierno "se haya echado atrás y haya aclarado que su única intención era garantizar que el tratado esté ratificado antes del 31 de diciembre".

Aclaración de Muñoz

El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Juan Muñoz, insistió en que el Gabinete "no ha rectificado su posición, sino únicamente la ha aclarado", y recordó que, tras la reunión de la Mesa del jueves día 3, él mismo ofreció esa interpretación.A partir de ahora queda sólo una incógnita fundamental por despejar: saber si la oposición, presentará alguna enmienda al texto del proyecto, para lo que se han abierto 15 días de plazo que finalizarán los próximos días 28 o 29, según que el proyecto se publique en el Boletín Oficial de la Cámara, mañana o pasado, y teniendo en cuenta que sólo se computan los días no festivos.

La incógnita política de fondo parece residir, fundamentalmente, en Izquierda Unida. El Grupo Popular declaró ayer a través de su portavoz, Rodrigo Rato, que no piensa presentar enmiendas, toda vez que el hacerlo supone pedir la devolución del proyecto al Gobierno.

El CDS se mostró más cauto y su portavoz, José Ramón Caso, aseguró que el grupo parlamentario debe debatir la cuestión, aunque añadió que si se presenta alguna enmienda será sólo para forzar un debate de totalidad en el que se intente "conseguir compromisos del Congreso y del Gobierno en el desarrollo de los acuerdos de Maastricht para lograr el equilibrio social que nuestro presidente, Rafael Calvo Ortega, ve como amenaza fundamental de los acuerdos de Maastricht".

Izquierda Unida, donde las posturas están divididas, tiene la llave para celebrar o no un pleno en el que se debata la totalidad del proyecto, es decir, en el que se pida la devolución del tratado. El jueves el secretario cuarto del Congreso y miembro de IU en la Mesa, José Luis Núñez, aseguró que su grupo presentaría una enmienda de totalidad.

Forzar un pleno

Sin embargo, ayer el portavoz del grupo, Nicolás Sartorius, declaró que no se ha tomado ninguna decisión formal sobre este aspecto y tendrá que debatirse. Y aún añadió que el hecho de que se presentase esa enmienda no significa que, finalmente, no acabe votándose positivamente la ratificación del tratado.Cualquier enmienda que el Parlamento introdujese en el texto del tratado, por parte de uno de los Estados firmantes, en este caso España, supondría lisa y llanamente la necesidad de tener que renegociar el tratado de Maastricht. Esa exigencia política, junto a la interpretación de los servicios jurídicos de la Cámara, a petición de la Mesa, ha llevado a considerar que cualquier enmienda que se presente no puede tener otra consideración que la de totalidad.

En privado, algunos representantes de la oposición admiten que si, finalmente, se presenta alguna enmienda será exclusivamente para forzar un pleno en el que se debata la totalidad del proyecto, de forma que cada grupo pueda expresar su postura global ante el tratado.