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Incertidumbre

Emilio Ontiveros

Ni los más escépticos llegaron a anticipar que estos meses finales de 1992 transcurrieran en un clima de pesimismo como el que parece haber arraigado en nuestro país. El deterioro de la situación económica se ha impuesto a los favorables efectos que se, presumían asociados a un año depositario de algo más que esperanzas. La coincidencia de esa fase de desaceleración del cielo económico con un crispado final de legislatura incorpora elementos autónomos de incertidumbre a la derivada del contexto internacional que no permiten anticipar una mejora en el bienestar de los españoles en los próximos meses.Indicadores y estimaciones recientes han subrayado un diagnóstico de perfiles no muy distintos al que cabía hacer en julio: la economía española está creciendo poco, y lo está haciendo mal. Ese ritmo de crecimiento no sólo ha dejado de ser superior al de esos otros países industrializados con los que procurábamos el contraste, sino que mantiene una composición en la que es dominante el consumo, tanto público como privado, mientras todas las formas de inversión experimentan variaciones negativas, al igual que la aportación a ese crecimiento del sector exterior. En consecuencia, el balance de este año no sólo aportará una tasa de crecimiento del producto interior bruto reducida (inferior al 2% en términos reales, según han estimado diversas instituciones) y, consecuentemente, un resultado igualmente pobre en términos de empleo, sino que coexistirá con esos desequilibrios crónicos que impiden un crecimiento sano: inflación, déficit exterior, déficit público.

Se convendrá que ese deterioro de la economía española, en especial el descenso de su ritmo de crecimiento, lejos de ser un fenómeno específico, tiene rasgos esenciales comunes con la situación por la que atraviesan el resto de los países industrializados y en particular los de la CE. Incluso tampoco será difícil admitir la existencia de un elevado grado de determinación de ese entorno en la desaceleración de una economía tan altamente integrada como la española. Las principales economías han visto también reducirse de forma significativa sus previsiones de crecimiento en los últimos meses, al tiempo que se exponían a una notable inestabilidad de sus mercados financieros. Estados Unidos, Japón y Alemania abordan, junto a una menor actividad económica, problemas políticos y desequilibrios económicos específicos de carácter estructural que alimentan esas tensiones financieras y, en todo caso, condicionan seriamente los procesos de recuperación de las restantes economías. Por si fuera poco, los cimientos del escenario de cooperación y convergencia definido por la Unión Económica Europea (UEM) muestran una fragilidad preocupante que afecta, como es lógico, a esas economías que en mayor medida habían gozado de esa confianza inducida por la senda de convergencia definida el pasado diciembre en Maastricht. La menor vinculación a ese horizonte de estabilidad, que podría suponer el abandono del proyecto de Unión Europea, no ha hecho sino desvelar las profundas divergencias que coexisten entre las economías de los países comunitarios, y más concretamente las distintas apreciaciones que los agentes económicos, y los inversores en particular, hacen de las posibilidades de las distintas economías para orientarse autónomamente hacia la satisfacción de las condiciones de estabilidad y saneamiento financiero definidas en el proyecto de UEM. Quizá exageradamente, los mercados financieros no han expresado otra cosa estas últimas semanas que esas exigencias de mayor remuneración a los activos financieros denominados en aquellas monedas de países cuya credibilidad es en mayor medida cuestionada. Recuperar esa prima de confianza que hasta la celebración del referéndum danés habían dispuesto economías como la española va a ser ciertamente difícil, incluso en el caso de que la consulta francesa del próximo día 20 aporte un resultado favorable.

Lamentablemente, no son únicamente las hipótesis macroeconómicas las que han restado verosimilitud a la estrategia de las autoridades españolas definida en el Programa de Convergencia. Al margen de la evolución manifiestamente divergente de los indicadores relevantes en estos últimos meses, el capítulo más directamente vinculado a la acción del Gobierno, el destinado a llevar a cabo las reformas estructurales que posibiliten el buen funcionamiento de la economía, está prácticamente inédito. A la frustración por la lentitud en la aplicación de ese programa se ha incorporado la decepción, al término de julio, originada por la parcial y cuestionable eficacia del paquete de medidas largamente incubado de ajuste presupuestario que vulneró la supuesta invariabilidad de la presión fiscal directa que ese programa anticipaba, al tiempo que emplazaba a la espera de una segunda entrega de medidas para después del verano.

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El carácter pretendidamente riguroso de los próximos Presupuestos Generales del Estado, anticipado por el presidente del Gobierno, antes del verano, y la más reciente constatación de la ministra portavoz de que ese ajuste apenas podrá operar sobre los componentes del gasto no comprometidos -representativos de una quinta parte del total- constituye hasta la fecha la información más relevante de los propósitos concretos de nuestras autoridades. Por contra, no son menos relevantes los factores de incertidumbre que se sobreponen a esos parcos enunciados. Si cualquier final de legislatura puede, constituir un periodo por sí mismo inhibidor de las decisiones económicas más. vinculantes de los agentes económicos privados, en especial de la inversión, el presente propicia en mayor medida esas situaciones. Un riesgo peor que la provisionalidad parece emanar de la vida política española: la parálisis y la falta de confianza.

Irregularidades en el funcionamiento de algunos partidos políticos, hipótesis contradictorias sobre eventuales alternancias en los liderazgos, repentinos deslizamientos de apoyos de unos partidos a otros, manifestaciones que cuestionan los compromisos cambiarios, son algunas de las circunstancias que deterioran adicionalmente ese clima de incertidumbre y que propician la extensión del catastrofismo en la formación de las expectativas sobre la recuperación y el necesario saneamiento de la economía.

De persistir esas circunstancias y aun la más favorable de las configuraciones posibles del contexto internacional -desbloqueo del proceso de ratificación, del Tratado de Maastricht y recuperación de las principales economías en términos similares a los previstos recientemente por el Fondo Monetario Internacional-, la economía española presentaría un lastre que dificultaría notablemente la vinculación a un escenario tal. Aun cuando sea limitada la capacidad de cualquier Gobierno para incidir significativamente en la actividad de su economía no lo es tanto para evitar esa generación. autónoma de incertidumbre y la eliminación de los obstáculos que impiden el buen funcionamiento de la economía a largo plazo. Esos eran los propósitos reflejados en la segunda parte del programa de convergencia; su aplicación constituye ahora, junto a la definitiva eliminación de la zozobra política, la más importante de las precondiciones para que este país no quede preso de un estado de ánimo.

Emillio Ontiveros es catedrático de Economía de la Empresa de la Un¡versidad Autónoma de Madrid.

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