Interior anuncia sanciones para transportistas y agricultores que se manifiesten ilegalmente

El Ministerio de] Interior ha anunciado que aplicará con rigor la Ley de Seguridad Ciudadana ante el conflicto anunciado para primeros de mes por varias asociaciones de transportistas y los agricultores de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) en toda España, con amenaza de repartir patata! en la carretera durante la Operación Retorno. La ley permite imponer multas de cinco millones de pesetas a los manifestantes ilegales. Agricultores pertenecientes a la COAG y varios policías resultaron heridos leves ayer en los enfrentamientos registrados ante el Ministerio de Agricultura, en Madrid, cuando los productores protestaban, por los bajos precios de la patata.

Altos cargos de los ministerios del Interior, Obras Públicas y Transportes, y Agricultura mantuvieron ayer una reunión en la sede del primer departamento para comenzar a preparar el dispositivo que dé respuesta a las convocadas movilizaciones en el sector del transporte y de la agricultura para fin de mes. La voluntad del Gobierno es que las escenas del otoño de 1990, cuando la huelga del transporte colapsó el tráfico vial en toda España y bloqueó las fronteras, no se repitan. Para ello, Fernando Puig de la Bellacasa, director general de Política Interior, tiene previsto emitir una circular en los próximos días para instar a los gobernadores civiles y delegados del Gobierno a que apliquen sin tibiezas la ley de Seguridad Ciudadana, léase aplicación de multas de hasta cinco millones a quienes alteren gravemente el orden al manifestarse ilegalmente, y de Seguridad Vial, que facilita la retirada del carné de conducir al obstaculizar el tránsito por la calzada.Fuentes del departamento indicaron que aunque todavía no está previsto el dispositivo policial que se desplegará para evitar incidentes y alteraciones del tráfico, sí se puede estimar que al margen de los 6.500 guardias civiles que vigilarán la operación retorno, se movilizará a cuantos efectivos se estime preciso.

En este sentido, se recordaba que en el anterior gran conflicto del transporte, en 1990, se movilizó a 6.400 agentes, se impusieron miles de multas por un valor medio de hasta 100.000 pesetas, se produjeron más de 3.200 peticiones de retiradas de carné de conducir y 142 detenidos. En esta ocasión, Interior cuenta con el pertrecho que le supone la ley de Seguridad Ciudadana, que permite al gobernador civil imponer directamente multas de hasta cinco millones de pesetas a manifestantes ilegales. Con el añadido de que el cobro de estas multas, una vez rechazado el recurso administrativo, no es paralizado por la mera presentación de recurso ante la justicia.

En este sentido se dictarán instrucciones precisas a los gobernadores civiles y delegados del Gobierno para que se garantice la libre circulación en las carreteras, se impida actuar a piquetes y se protejan los transportes de mercancías peligrosas.

Tras la reunión, el director general de Transporte Terrestre, Bernardo Vaquero, destacó el carácter "minoritario" y violento" de los convocantes de la protesta, y transmitió un mensaje de tranquilidad sobre las posibles consecuencias del paro, recordando que los camioneros representados por asociaciones mayoritarias sí van a trabajar.

El Sindicato de Transportistas de Vizcaya (Sintrabi) es uno de los promotores de esta huelga indefinida, a la que se han sumado otras pequeñas organizaciones, mientras que se han mostrado en contra de la protesta las federaciones Conetrans y Fenadismer.

Puig de la Bellacasa apuntó que "no se puede tomar como rehenes a los millones de españoles que regresan de vacaciones", y dijo que las fuerzas de seguridad actuarán "con el máximo rigor" frente a los piquetes, aplicando la ley Corcuera y la ley de Seguridad Vial.