Esperando el ajuste
LOS ÚLTIMOS datos de inflación y déficit público han dado una de cal y otra de arena al Gobierno. Cuando era previsible una tasa mayor de inflación, en consonancia con el tradicional tirón inflacionista del mes de julio -en los últimos tres años el IPC de este mes ha oscilado entre el 1,2% y 1,6%-, no cabe duda de que constituye un respiro la subida moderada del 0,3% -la tasa más baja en 21 años- que dicho índice ha tenido en julio de este año. Pero su relativa bondad es más aparente que real, y resalta sobre todo a causa del sombrío panorama económico en que se produce. De ahí que haya que tomar dicha cifra con gran cautela, por lo escasamente representativa que puede ser de la coyuntura económica que vive el país.Tal cautela no es necesaria, sin embargo, en la lectura dé los últimos datos sobre la evolución del déficit público. La situación es mala sin rodeos. El déficit público duplicaba en el último mes de julio el alcanzado el mismo mes de1 99 1, situándose en 1,074 billones de pesetas. En todo caso, la evolución real de ambos indicadores, el de la inflación y el del déficit público -crucial para cumplir las condiciones de convergencia de Maastricht-, ha quedado, y quedará en los próximos meses, marcada por las medidas de ajuste económico adoptadas por el Gobierno el mes pasado.
El primer impacto de estas medidas se ha notado, aun antes de ser llevadas a la práctica, en la contención de la inflación, puesel récord histórico de julio obedece, al menos en parte, a la actitud de retraimiento de los agentes económicos y de los consumidores ante el atisbo de que el temido ajuste no había hecho más que empezar. En esto coinciden patronal, mercados financieros y expertos. El segundo impacto, de signo contrario y más representativo, llegará con los datos de agosto, pues la subida del. IVA del 13% al 15% sumará más de un punto al índice de precios al consumo. Pero, de momento, la inflación ha bajado en julio, en tasa anual, al 5,2%, aunque también este dato no deja de ser un espejismo si se tiene en cuenta que la subyacente -nienos favorable- es la que marca verdaderamente la tendencia futura de la inflación.
En todo caso, el IPC de julio es la primera respuesta -de ahí su relativo y al mismo tiempo significativo valor- a unas medidas económicas, materializadas hasta ahora en la subida de impuestos y en el recorte del gasto público, asi como en el anuncio de un presupuesto fuertemente restrictivo, que buscan ajustar la economía española y prepararla para que pueda sumarse a la carrera del crecimiento en el momento en que la economía internacional inicie el próximo ciclo alcista. En esta apuesta por la dieta y el entrenamiento cifra el Gobierno la esperanza del éxito en la contención de la inflación y en la reducción del abultado déficit público de aquí a fin de año.
Los sindicatos se han apresurado a recordar que estas mejoras no pueden ir en contra ni del crecimiento ni de la creación de empleo. Pero el problema es cómo hacer compatibles estos deseos sindicales con las prioridades y convicciones del Gobierno, que, al menos en la coyuntura actual, van por otros derroteros. Ajuste y presupuesto restrictivo pueden, y deben, rebajar el desequilibrio de las cuentas públicas. Y esto no sólo porque es una exigencia para la unión económica y monetaria, sino porque la vecina Italia, el último ejemplo de política presupuestaria fuertemente expansiva, acaba de recibir un duro correctivo con la rebaja de la calificación internacional de sus emisiones de deuda por parte de la agencia Moody's.
Vigilar el déficit público y la inflación sigue siendo, pues, la asignatura fundamental del curso. Pero superarla no debe suponer la pérdida del tren del crecimiento, y menos aún olvidar el lastre económico y humano que supone tener a más de 17 de cada 100 personas que desean trabajar en las filas del paro.
