Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Estado de derecho

UN MES después de iniciada la operación antiterrorista contra Terrá Lliure, cuya cadena de detenciones ha puesto a flor de piel los sentimientos de algunos sectores nacionalistas catalanes, conviene tener presente que ha sido un principio básico del Estado de derecho -que los delitos no queden impunes- el que ha guiado la actuación policial y judicial en este caso, como no podía ser de otra forma.El resultado es elocuente: de las 31 personas detenidas, el juez Baltasar Garzón ha dictado prisión incondicional contra 19; 7 han sido puestas en libertad bajo fianza, y 5 han regresado a sus hogares sin cargo alguno. Las detenciones difícilmente pueden ser tildadas de indiscriminadas desde el momento en que el magistrado ha encontrado indicios de culpabilidad, en distinto grado, en 26 de las 31 personas detenidas por la Guardia Civil. Y la acusación se antoja doblemente excesiva cuando el responsable último de las diligencias es un juez cuya trayectoria profesional está definida, además, por la voluntad de perseguir con igual ahínco todo tipo de delincuencia, sea ésta protagonizada por terroristas de ETA, por narcotraficantes o por funcionarios policiales.

La legalidad que asiste a las actuaciones del juez ha sido cuestionada, sin embargo, desde numerosos sectores nacionalistas que pretenden ignorar una premisa básica: la condición de ex terrorista, para aquellos detenidos que se encuentren en este supuesto, no sólo se adquiere renunciando a la violencia con la boca pequeña, sino saldando públicamente todas las cuentas pendientes con la justicia por la vía de la reinserción, previo paso por la Audiencia. Nacional.

La campaña de descrédito con la que se ha envuelto la actuación judicial contra Terra Lliure se ha visto envenenada por un elemento añadido: la denuncia de torturas por parte de algunos de los implicados. En este apartado, el juez Garzón también fue escrupuloso. Algunos interrogatorios debieron ser suspendidos cuando se personaban por sorpresa los forenses judiciales, en algunos casos a horas intempestivas. La imparcialidad de estos médicos debe ser respetada: se da además la circunstancia de que trabajan para un poder independiente -el judicial- y que, por ello, han mantenido no pocos enfrentamientos con estamentos gubernativos a raíz de investigaciones sobre malos tratos. Pues bien, a la vista de los informes médicos realizados sobre los detenidos, Garzón ha decidido no actuar de momento porque las acusaciones parecen infundadas y, en todo caso, no están avaladas por informes que cuestionen Con solidez la presunción de inocencia que también ampara a cualquier agente policial.

Con todo, en un asunto de tanta trascendencia como es el respeto a la integridad física y psíquica del detenido, toda precaución es poca. Las denuncias presentadas ante diversas instancias judiciales deben ser investigadas a fondo, porque los métodos medievales de tormento físico podrían haber sido sustituidos por otra lacra más inquietante si cabe: las llamadas torturas limpias, que no dejarían rastro. Si se han registrado malos tratos, sus ejecutores deben ser sancionados con dureza, y si no los ha habido, el peso de la ley debe caer sobre los falsos denunciantes.

Las investigaciones deben seguir profundizándose en todos sus frentes. De ello depende en gran parte poner en evidencia a quienes han carecido de escrúpulos para manipular a la opinión pública, hasta el punto de promover actos públicos masivos contra las detenciones, haciendo creer intencionadamente a sus asistentes que incluso las primeras detenciones fueron indiscriminadas, pese a que hacía minutos que sus protagonistas habían colocado tres' bombas. Y de los resultados de la investigación depende también desenmascarar a quienes confunden profesionalidad con corporativismo y promueven manifiestos gremiales de solidaridad por el simple hecho de que cuatro de los 31 detenidos son periodistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de agosto de 1992