Solchaga achaca a los municipios los errores en el censo

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, atribuyó ayer a la falta de colaboración de muchos ayuntamientos los numerosos defectos que se han detectado en el censo electoral, al tiempo que enfatizó sobre la responsabilidad de la Junta Electoral Central a la hora de dirigir los trabajos para su elaboración.Solchaga compareció ante el pleno del Congreso para explicar las anomalías del censo denunciadas, fundamentalmente por el Partido Popular. Javier Arenas, vicesecretario general de los populares, denunció que más de 1.800.000 electores han quedado excluidos de la revisión del censo y que 1.600.000 han recibido comunicación oficial de haber sido dados de baja. Para Arenas, todo esto constituye un "auténtico monumento a la chapuza" y, sobre todo, afecta a la "credibilidad" del sistema electoral.

Solchaga admitió que se han producido errores y dijo que "una baja no significa una exclusión del censo electoral, eso es un disparate". El ministro de Economía y Hacienda criticó con energía la "coincidencia" entre la elaboración de los padrones municipales y tan alto número de anomalías en el censo y explicó que muchos ayuntamientos aprovechan los padrones para alterar algún dato y conseguir cifras de población superiores, que les permitan mayor participación en el Fondo Municipal de Cooperación.

Según Solchaga, es impensable que haya 1.800.000 electores fuera del censo ya que las cifras totales del censo actual superan en unos 400.000 a las del año anterior. Según el ministro, queda claro que se trata de un cúmulo de errores que se irán corrigiendo paulatinamente.

Además Solchaga acusó. al PP de tratar de introducir sombras de duda sobre el proceso electoral español y dijo que, "curiosamente", este tipo de acusaciones coinciden siempre "con el barrunto por parte de algún partido político de que están próximas unas elecciones".

Arenas rechazó estas imputaciones y aseguró que se trata por parte del PP de advertir sobre "una cuestión de sensibilidad democrática, como es que ningún español deje de ejercitar su derecho al voto por ineficacia administrativa".

Tanto Arenas como otros portavoces parlamentarios reprocharon al ministro que tratase de eludir responsabilidades derivándolas hacia los ayuntamientos o la Junta Electoral Central y José Luis Núñez, en nombre de Izquierda Unida, afirmó que Solchaga trataba de "defender lo indefendible".