Detenido en Sevilla otro intermediario por el cobro ilegal de comisiones

La Policía Judicial de Sevilla detuvo en la tarde del martes a Pedro Llach, empresario sevillano del sector inmobiliario y de la construcción y colaborador de la empresa Obras y Construcciones Industriales, SA (OCISA), en relación con una presunta red de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas andaluzas a empresas constructoras, que se investigan en un juzgado de Sevilla. Vinculado con este caso, el pasado miércoles fue detenido Jorge Ollero Marín, hermano del director general de Carreteras de la comunidad andaluza, Manuel Ollero.

En el momento de la detención Ollero viajaba a Sevilla desde Madrid portando en su automóvil 22 millones de pesetas, presuntamente abonados por la sociedad OCISA. La Junta de Andalucía, el PSOE andaluz y la constructora negaron ayer en sendos comunicados su relación con los hechos, mientras que la oposición en el Parlamento andaluz exigió a la Junta que "depure responsabilidades".La detención de Pedro Llach se produjo en la tarde del martes, después de que la jueza de Instrucción número 17 de Sevilla, María Pilar Llorente Vara, firmara una orden de búsqueda y captura contra él. Fuentes de la investigación informaron ayer a este periódico que Llach prestó declaración ante la policía judicial desde el momento de su detención y hasta pasadas las diez de la noche de ayer.

En esta trama se encuentra al parecer implicado también Gustavo Durán, intermediario inmobiliario, que fue condenado por en intento de soborno a un diputado de Izquierda Unida de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta ordenó ayer la paralización de las adjudicaciones realizadas a la empresa OCISA por obras en las provincias de Granada y Málaga. Asimismo, la Diputación Permanente del Parlamento admitió ayer la comparecencia, a petición propia, del titular de la consejería, Juan López Martos, ante la Comisión de Política Territorial, "para informar de las presuntas irregularidades en la Dirección General de Carreteras".

En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida, Luis Carlos Rejón, se mostró sorprendido por la actuación de la Junta, "que ha ido más deprisa que la prensa al mencionar presuntas irregularidades en la Dirección General de Carreteras", organismo que aún no ha sido implicado, dijo. Rejón agregó que ha solicitado a la Junta las adjudicaciones a OCISA y su cuantía, así como que la coalición estudia personarse como acusación particular.

Libertad provisional

Por su parte, el director general de Carreteras, Manuel Ollero, dijo ayer este periódico que se enteró de los hechos el pasado miércoles 15 cuando fue detenido su hermano.Ollero explicó que está afectado por los hechos y por la situación de su hermano -en libertad provisional desde el viernes- y negó rotundamente la implicación de la dirección general en los hechos. "Todos los contratos de la consejería se hacen de acuerdo a la Ley de Contratos del Estado. Los intermediarios no tienen sitio en esta consejería", afirmó. "Cada persona sigue unos derroteros y corre con sus responsabilidades". Sobre su hermano, Ollero indicó: "No puedo acusar a un hermano porque la ley me protege".

Por su parte, OCISA emitió ayer un comunicado en el que afirma que la empresa "no tiene relación ninguna" con Jorge Ollero, "a quien ni siquiera conoce". Añade, que Pedro Llach "colabora desde hace un año con OCISA, realizando ' trabajos de asesoramiento".

"Precisamente", añade, "la liquidación de estos honorarios del año transcurrido supuso el pago de una cifra del orden de catorce millones de pesetas. No existe, por tanto, nada irregular en estas relaciones".

El PSOE de Andalucía también remitió un comunicado negando su implicación. El comunicado, de cinco puntos, afirma que "si de la investigación judicial se dedujera que se ha utilizado el nombre del Partido Socialista para el cobro de comisiones, el PSOE de Andalucía se personará en el procedimiento en calidad de acusación particular".

Por su parte, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, defendió ayer la actuación de la Administración autonómica en la adjudicación de obras a constructoras: "Han sido limpias, transparentes y han respetado escrupulosamente la legalidad".