La junta de seguridad no aportó soluciones a los realojamientos de los chabolistas

Las dos horas que duró la junta local de seguridad no bastaron para dar un empujón al realojamiento de los chabolistas, y eso que figuraba en el orden del día y que el alcalde, José María Álvarez del Manzano, entró en la reunión diciendo: "Quiero acabar con las chabolas". El representante de Izquierda Unida, Félix López Rey, comentó al final: "El consorcio de Realojamiento de la Población Marginada lleva un año paralizado, y sigue igual".

Las buenas intenciones del alcalde antes de entrar -"Voy a proponer que la presidencia del consorcio sea de la Delegación del Gobierno para que todas las decisiones tengan carácter ejecutivo"- se quedaron en el mero propósito de trabajar a partir de septiembre. Hay 1.250 familias chabolistas, gitanas en su inmensa mayoría, que deben ser realojadas; nada menos que la mitad de todos los habitantes de las bolsas de marginación. Mientras tanto, el consorcio se reunió por última vez en octubre de 1991.Fue la primera junta tras la aprobación de la ley Corcuería (que entró en vigor el 13 de marzo), y el delegado del Gobierno, Segismundo Crespo, anunció con orgullo que de 31 registros en que se sospechaba que se había cometido un delito relacionado con drogas, en sólo un caso no se obtuvo resultado. Se ha expedientado a 40 locales por consumo de drogas. De ellos, 24 se han cerrado.

Las manifestaciones han descendido un 13% en la primera mitad del año como consecuencia de la aplicación de la ley, según reveló Crespo a la junta de seguridad, a la que asistieron representantes vecinales, empresariales, de la Guardia Civil y del Ayuntamiento. Además, ahora se piden más permisos. Mientras la delincuencia está estabilizada (66.949 denuncias en la primera mitad del año, algo menos que en el mismo periodo de 1991), los asesinatos se han doblado: 59 frente a 26. "La mayor parte de estos delitos se deben, creemos, a ajustes de cuentas, y se dan en el ámbito mafioso", se justificó Crespo. Han aumentado los tirones y los robos en coches. "Los jueces los califican de faltas, por lo que un mismo tironero puede actuar sin descanso", dijo el delegado.

La zona Centro estaba también sobre la mesa. Crespo aseguró que se habían realizado 32.132 identificaciones, con 4.405 detenciones, en la primera mitad del año. Gran Vía se llevó la palma, con la mitad de las intervenciones. Los socialistas habían propuesto ante el concejal del distrito, Ángel Matanzo, que también asistió, que el centro no vive sólo de actuaciones de seguridad, y por ello propuso la creación de una comisión de estudio para actuar sobre otros problemas.

Policías a Barcelona

El alcalde preguntó al delegado si Madrid se quedaría desprotegida por el éxodo de policías hacia Barcelona y Sevilla. "No", respondió Crespo; "se ha ido el 10% de la plantilla, pero hay un 23% más de policías que el año pasado, porque se han anulado las vacaciones". "Pues será así", reflexionaba por su parte Priscillano Castro, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, "pero no se ve un policía por la calle".Priscillano estaba más preocupado por la prometida junta de seguridad monográfica dedicada a las drogas, Igual que López Rey, de Izquierda Unida.

Crespo también habló de los inmigrantes."Se han regularizado ya 33.000 extranjeros. De esta manera, el número de expulsados se ha reducido a la mitad este año", aseguró el delegado.

Una novedad revelada ayer es que la comisaría de Retiro contará con agentes de la Policía Municipal, igual que la de Chamartín, que ya funciona con estos agentes. El concejal de Seguridad, Carlos López Collado, informó que los 2.654 vehículos inmovilizados por orden judicial en uno de los depósitos municipales ha costado al Ayuntamiento 1.526 millones de pesetas en aparcamiento. "Tenemos coches desde 1977, se lamentó el concejal, quien informó que se debería escribir a cada uno de los jueces madrileños para solucionar el problema.