Las medidas de ajuste

EL GOBIERNO ha desvelado, con menos concreción de la esperada, los propósitos que orientarán el imprescindible recorte del déficit público, desbocado en su cuantía en lo que va de año. En menor medida, han podido conocerse las actuaciones que se instrumentarán para reconducir el resto de los desequilibrios económicos hacia una vía compatible con los objetivos de convergencia con el resto de los países en disposición de avanzar hacia la unión económica y monetaria.La reducción de la brecha entre gastos e ingresos públicos en 326.000 millones de pesetas, hasta situar el déficit correspondiente al término de este año en el 2,6% del producto interior bruto, previsto en el programa de convergencia, es un objetivo razonable. El aumento de las retenciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y en el tipo medio del impuesto sobre el valor añadido (IVA) aportarán los 130.000 millones de pesetas en que se ha cifrado el aumento de los ingresos públicos, sin que por el momento vayan a modificarse otras figuras impositivas. Menor es la información disponible sobre las partidas de gasto de donde procederá esa reducción de 196.000 millones de pesetas prevista ahora por el Gobierno.

Con todo, el ajuste propuesto no deja de ser ambicioso y de complicada aplicación, a tenor de las circunstancias por las que atraviesa la economía española. La desaceleración del ritmo de crecimiento económico tiene lugar en un contexto internacional que, lejos de aportar señales de recuperación en las principales economías, transmite las tensiones existentes en algunas de ellas, incorporando, cuando menos, dosis adicionales de incertidumbre y de inestabilidad en los mercados financieros.

El reciente comportamiento de las cotizaciones bursátiles, de los instrumentos de deuda denominados en pesetas y de la propia evolución del tipo de cambio de nuestra moneda añaden nuevos interrogantes. Su origen hay que localizarlo, de una parte, en la indefinición mantenida por las autoridades españolas sobre la naturaleza y el alcance de las respuestas destinadas a modificar el curso divergente de la economía; de otra, en las tensiones monetarias procedentes de Alemania, y, en, general, del clima de inestabilidad creado en el Sistema Monetario Europeo.

Con independencia de las medidas que el Ejecutivo anuncie tras el Consejo de Ministros extraordinario del próximo martes, la actitud de éste merece una evaluación favorable. La disposición al diálogo con los agentes económicos y sociales; la definitiva creación del Consejo Económico y Social; el respaldo explícito del partido que sustenta al Gobierno, quien, tras revisar en profundidad sus previsiones económicas de hace apenas seis meses, ha de poner en marcha las impopulares medidas de ajuste, y la aparente disposición a no demorar las reformas estructurales previstas en el programa de convergencia, constituyen aspectos positivos que han de contribuir al establecimiento de la credibilidad en esas autoridades para volver a situar a la economía española en una senda de crecimiento sostenido, compatible con la inserción de España en el grupo central de la Europa unida.

Pero no es sólo la situación de las finanzas públicas la que justifica esa terapia de choque; la evolución de los precios de los bienes y servicios españoles ha de ser igualmente objeto de un tratamiento riguroso, tanto más cuanto que la composición del parco crecimiento que experimenta la economía española pone de manifiesto un dominio excesivo del consumo y un estancamiento de la inversión.

El aumento anunciado en el tipo medio del IVA probablemente incidirá negativamente sobre la tasa de inflación, también distanciada de los objetivos gubernamentales. Ello, a su vez, dificultará la aplicación de cualquier medida de estímulo a la inversión empresarial y, en definitiva, a la necesaria creación de empleo. De ahí la conveniencia de no limitar las actuaciones de la política económica al saneamiento presupuestario anunciado. Es preciso extender esa disposición a la eliminación de las rigideces e ineficiencias que lastran nuestro sistema económico e impiden la convergencia con el resto de la Europa comunitaria.