Gil-Robles cree que es inconstitucional la 'retención" de extranjeros en las fronteras

La imposibilidad de que los extranjeros retenidos en los puestos fronterizos abandonen el recinto, las dificultades para contactar con sus familiares o abogados y las malas condiciones de vida en que permanecen durante días hasta ser expulsados "podrían configurar una situación real de detención no permitida por el artículo 17 del texto constitucional", según un duro informe enviado el pasado día 16 al ministro del Interior por el Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles. Éste vuelve ahora a la carga a la vista de que "las quejas se multiplican".

El Defensor del Pueblo apunta la sospecha de que la actuación de la policía esté vulnerando derechos constitucionales. "La afirmación, desde un punto de vista meramente administrativo, de que una persona no reúne los requisitos de entrada en España y, por tanto, no ha penetrado aún en territorio nacional, no puede dar lugar a crear zonas exentas de control y, en definitiva, lugares para la detención incomunicada carentes de las mínimas garantías constitucionales".Gil-Robles le recuerda al ministro del Interior, José Luis Corcuera, la sentencia del Constitucional que fija que "debe considerarse como detención cualquier situación en que la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar, por obra de su voluntad, una conducta lícita ( ... ), sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad".

La policía argumenta que los extranjeros no están detenidos, sino retenidos en espera de volver a su país. Gil-Robles replica que "la transformación de lo que debería ser una situación de preembarque de estas personas en posible detención" es algo que ya ha sido apreciado por los jueces "en los casos en que éstos han estimado los recursos del habeas corpus [derecho del detenido a ser oído por el juez] formulados por ciudadanos retenidos".

Un requisito inventado

Gil-Robles ha descubierto que la policía se ha sacado de la manga un nuevo requisito, que aplica "con carácter general", aunque no Figura en la legislación: los agentes exigen que las embajadas o al propio Defensor del Pueblo actúen como avalistas de los extranjeros para entrar en España.

Las directrices de Interior facultan a los funcionarios para que utilicen "cualquier medio que consideren suficiente" para asegurarse de la buena fe del visitante, pero esto "en ningún caso entraña una autorización para que se articule un nuevo requisito no establecido" en la normativa de Extranjería, según el escrito.

El aeropuerto de Barajas (Madrid) y otros puntos donde, se retiene a los extranjeros "no reúnen los requisitos exigibles" para que éstos pasen varios días. "Las personas afectadas", sugiere, "deben ser tratadas dignamente y permitírseles al menos dormir en un hotel cerca del aeropuerto o puesto fronterizo".

Proposiciones deshonestas

El pasado 2 de julio, el defensor hizo una inspección en Barajas, comprobando que dos ecuatorianos llevaban retenidos seis días en una sala usada para la recepción de equipajes, carente de camas y duchas. En otra habitación había 130 camas que el comisario del aeropuerto dijo que se iban a instalar esa misma noche. Aunque en la sala existe un teléfono y máquinas de café y tabaco, los extranjeros no pueden utilizarlas por carecer de moneda fraccionaría española, que los policías tampoco les facilitan.

El Defensor del Pueblo pide a Corcuera que investigue la denuncia formulada por el embajador de Colombia en Madrid, Ernesto Samper, dando cuenta de las proposiciones sexuales sufridas por mujer que llegó a España para averiguar la situación de su hermana y de su cuñado, detenidos el 2 de marzo de 1991.

"Fui tratada dé manera inhumana. Me privaron de todos mis derechos, encerrándome en una habitación tres días. Un oficial de la aduana me pidió que durmiera con él y a cambio me ayudaría. Como no acepté, me despojaron de mis pertenencias, de la maleta, documentos y 1.500 dólares", relata la víctima.

"Hay un extraño concepto de extraterritorialidad en Barajas, que para nosotros es un territorio español, en el que deben respetarse los derechos fundamentales", afirma el embajador Samper. Y, al referirse a la commemoración del V Centenario del Descubrimiento, se queja: "Me da la impresión de que hay dos quintos centenarios muy diferentes: el de Sevilla y el de Barajas".

Ante las arbitrariedades policiales, Gil-Robles "aconseja" que en las comisarías haya un libro-registro donde figuren el nombre del retenido y el del funcionario que decidió su expulsión. Los extranjeros padecen "una situación de incomunicación constitucionalmente inaceptable", dice Gil-Robles, que ha tenido que "advertir" a la policía de "la obligación de permitir entrar a los abogados y cursar la petición de habeas corpus".