Descienden apreciablemente los conflictos de competencias entre el Gobierno y las autonomías

La conflictividad entre las autonomías y el Gobierno central se ha reducido drásticamente. De 101 conflictos presentados ante el Tribunal Constitucional en 1987 se ha pasado a 17 en 1991 y a dos en el primer semestre de 1992. La presentación de estas cifras motivó que el secretario de Estado para las Autonomías, Francisco Peña, manifestara ayer: "La conflictividad, uno de los factores más relevantes en la construcción del Estado de las autonomías, ya ha dejado de serlo". Peña admitió que el punto negro radica en la acumulación de asuntos en el alto tribunal: 298 en 1992.

El descenso de la conflictividad entre las comunidades autónomas y el Estado adquiere un ritmo espectacular a partir de 1990. De los 101 conflictos planteados ante el Tribunal Constitucional en 1987 se pasa a un ligero descenso en 1988, con 92 conflictos, para seguir a un mayor ritmo en 1989, con 60. A partir de ahí la bajada es espectacular: En 1990, 32 asuntos; en 1991, 17; y en el primer semestre de 1992, sólo dos.El secretario de Estado para las Autonomías, Francisco Peña, atribuye esta caída espectacular de la conflictividad, que caracterizó los primeros pasos de la construcción del Estado de las autonomías, a la normalización del proceso autonómico, a la existencia de una jurisprudencia constitucional y a la mayor cooperación entre las tres administraciones: central, autonómica y local.

Peña atribuyó la primera fase de gran conflictividad, hasta el año 1989, a que "la recién estrenada autonomía por parte de las comunidades determinó un afán reivindicativo, de reacción contra las posibles injerencias del Estado central y una respuesta defensiva del Gobierno y a que "no existía experiencia por parte de los juristas españoles de un nuevo sistema de .distribución competencial". El secretario de Estado para las Autonomías concluye que, en esa fase, "existían temores, inseguridades, inexperiencia y una falta de cultura política".

El cambio se produce, según Peña, cuando el Tribunal Constitucional "consolida su actividad con la existencia de una jurisprudencia" y "el Gobierno central consulta con los de las autonomías las leyes antes de promulgarse". Otro de los mecanismos que más eficaces se han mostrado para reducir drásticamente los conflictos consiste en que "los partidos que gobiernan en las autonomías negocian las leyes en el Congreso, a través de sus grupos parlamentarios". "Es ya excepcional una ley recurrida por las comunidades autónomas", manifestó Peña.

Estas negociaciones han permitido que las comunidades atitónomas hayan retirado, en numerosos casos, los recursos que habían presentado contra el Gobierno central. En 1991, han sido 33 los desistimientos y en 1992, 13.

El balance de datos desde 1981 refleja también que han sido proporcionalmente más numerosos los recursos presentados ante el Tribunal

tucional por las comunidades autónomas contra el Estado que a la inversa. Desde 1981, el Estado Impugnó 128 leyes de las 1.707 promulgadas por las comunidades autónomas. Por su parte, las comunidades impugnaron 77 de las 575 leyes del Gobierno central.

Cataluña, a la cabeza

Otro aspecto de interés radica en los conflictos repartidos por comunidades autónomas. Cataluña se sitúa a la cabeza de las autonomías que han impugnado leyes del Estado desde 1981 hasta hoy. De 243 leyes ha impugnado 37. Le sigue el País Vasco, con 20 impugnaciones sobre 147 leyes. En tercer lugar figura Galicia, con 11 sobre 103; y en cuarto lugar, Andalucía, con siete sobre 78.Los temas más conflictivos, que han suscitado los recursos de las comunidades autónomas contra el Gobierno central han sido, por este orden, los que afectan a competencias en Agricultura, Economía y Obras Públicas. Sin embargo, los que han suscitado la intervención del Estado contra las comunidades autónomas han sido los que afectan a la territorialidad de las autonomías.

La cara más oscura de la moneda son los conflictos acumulados por el Tribunal Constitucional que, si bien han pasado de 419 en 1989 a 290 a hoy en día, el atasco resulta espectacular porque el alto tribunal sólo puede resolver medio centenar de asuntos al año.

Pese a los desistimientos y a la drástica bajada de la conflictividad, la acumulación de asuntos pendientes sigue siendo grave, según admitió el secretario de Estado para las autonomías. Como botón de muestra cabe señalar que hay 27 conflictos sin resolver desde 1985; 46, desde 1986; y 69 desde 1987.