El Gobierno aprueba un plan de ajuste que pretende reducir este año el déficit en 326.000 millones

El anunciado plan gubernamental de ajuste económico se limita por el momento a un recorte del gasto público en 196.000 millones de pesetas y un aumento de los impuestos en otros 130.000 millones. El objetivo es reducir este año el déficit público en 326.000 millones, para así cumplir lo fijado en el plan de convergencia, que sitúa la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado en 1,41 billones para 1992; el déficit se encuentra ya en 1,22 billones. El Consejo de Ministros aprobó ayer las grandes cifras del reajuste presupuestario junto con algunas medidas concretas -subida del IVA en dos puntos y aumento de las retenciones del IRPF- más la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, la reforma del Inem y de la formación profesional y las reformas propuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia.

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, declaró ayer a Radio Nacional que están "decididos a controlar el déficit público y a mantenerlo en los parámetros que convienen a la economía española". Con esta idea, añadió, el Gobierno "disciplinará la actuación de la Administración y demostrará que controla el gasto público".Las cifras del ajuste presupuestario fueron anunciadas ayer por la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, tras la reunión del Consejo de Ministros, y confirman que éste no será suficiente este año para corregir las previsibles desviaciones en el déficit público.

Se trata de medidas que ahorrarán 196.000 millones por la vía de los gastos y otros 130.000 millones por la de los ingresos. En total, 326.000 millones que, según la previsión del Gobierno, permitirán situar la diferencia entre ambas partidas en 1,4 billones, tal como está previsto en el plan de convergencia.

Sin embargo, sólo en los seis primeros meses del año el déficit público se encuentra ya en 1,22 billones de pesetas sin que se hayan contabilizado aún 561.500 millones de pesetas de intereses de la deuda pública adelantados al Tesoro por el Banco de España. Además, están pendientes de aprobarse varios créditos extraordinarios.

Las cifras del ajuste reflejan así el escaso margen de maniobra que el Gobierno tiene en estos momentos para reconducir el déficit público que registra hasta junio un incremento del 40%. En el gasto, la mayoría de los ministerios tiene comprometido más del 80% de su presupuesto, sin contar el pago de las nóminas y los fondos necesarios para el funcionamiento cotidiano. De aquí que el recorte sea de 196.000 millones de pesetas, cuando el pasado año por estas fechas superó los 300.000 millones de pesetas.

En estas condiciones, distintas fuentes consultadas indican que la limitación en el gasto afectará a todos los ministerios en un porcentaje fijo sobre su presupuesto. Se da por descontado que cualquier proyecto nuevo será aparcado, como ya está sucediendo de hecho. También se da por seguro que el ajuste "de verdad" se notará en el presupuesto del próximo año y que en él se abordarán medidas "ejemplificadoras" de limitación de los sueldos de los funcionarios, incluidos los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. Por el lado de los ingresos también queda claro que en un clima de retraimiento económico poco agua se puede sacar de este pozo. El Gobierno ha decidido medidas que suponen 130.000 millones de pesetas de mayores ingresos, cuando lo recaudado en medio año son 5,4 billones y lo previsto en el plan de convergencia son 12,8 billones. Aunque la ministra portavoz del Gobierno no concretó qué impuestos subirán, fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que se trata de las retenciones del IRPF y el IVA.

"Pleno acuerdo del Gobierno"

Las retenciones subirán de forma que se restablezca prácticamente la situación anterior a la rebaja de febrero, aunque con un aumento superior en los tramos medios y altos. La recaudación aumentaría en unos 40.000 millones de pesetas, aunque para evitar un "efecto pasajero" no se descarta que el Gobierno decida en la ley de presupuestos del año que viene subir la tarifa del impuesto y evitar así fuertes devoluciones como ha sucedido este año. El IVA medio subirá también dos puntos -del 13% al 15%- con un efecto recaudatorio de unos 90.000 millones de pesetas. Ambas medidas se implantarán a partir del 1 de agosto.

Conde señaló ayer que este ajuste es "el necesario" y que tanto en el debate sobre la situación económica como en las medidas analizadas ayer existió "pleno acuerdo del Gobierno". La subida de las retenciones se asume como la corrección de un error y, la del IVA, como el adelanto de algo que en todo caso debía producirse en enero del año que viene.

Otras medidas están en principio descartadas -subida de las cuotas a la Seguridad Social- y las únicas anunciadas ayer son las ya previstas: puesta en marcha del Consejo Económico y Social, reforma del INEM y de la formación profesional y las reformas propuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia. El Gobierno "comunicará" el contenido exacto de las medidas a los sindicatos el lunes o el martes -"así es como entiende el Gobierno el diálogo social", según Rosa Conde- y el mismo martes se darán a conocer tras un nuevo Consejo de Ministros. Según la ministra, todo ello persigue cumplir los objetivos del programa de convergencia, ya que no está previsto que se modifiquen.