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Pujol considera que la operación contra Terra Lliure no ha sido indiscriminada

La operación iniciada hace 11 días contra Terra Lliure, que ha conducido a la detención de una treintena de personas, no pretende ser indiscriminada. Así lo expresó ayer el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien recordó que su Gobierno "siempre ha sido partidario de que se actúe eficazmente y a fondo contra el terrorismo". Fuentes judiciales han confirmado que Baltasar Garzón, el magistrado de la Audiencia Nacional que ha decretado el ingreso en prisión de 14 personas, amplió la operación policial contra el grupo armado después de que uno de los primeros detenidos implicara a buen número de independentistas y manifestara su deseo de acogerse a las medidas de reinserción.Jordi Pujol terció ayer en la polémica que ha suscitado la ofensiva contra Terra Lliure, que había sido criticada por partidos tan distantes como Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, y sobre la que hasta un diputado autonómico convergente -Carles Campuzano- llegó a manifestar que podía "contribuir a crear un clima de crispación ante los Juegos Olímpicos".

El presidente de la Generalitat, después de recordar la contundente oposición de su Gobierno a cualquier fenómeno terrorista, manifestó sobre las detenciones: "Estoy seguro de que no existe una voluntad de actuar de forma indiscriminada". Pujol mostró su confianza en que se "reconduzca la situación" rápidamente en aquellos casos en los que se demuestre que "algunos de los detenidos no tienen nada que ver con el terrorismo". Ello contribuirá, agregó, a que la opinión pública perciba claramente que no existe voluntad alguna de actuar de forma generalizada.

El jefe del Ejecutivo catalán mostró su convicción de que las detenciones no tienen que afectar a la paz olímpica, coincidiendo en este aspecto con el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, y con el secretario general de Esquerra Republicana, Angel Colom."Injerencia inaceptable"

Fuentes de la investigación del caso han señalado que el juez Garzón está recibiendo estos días numerosos telegramas y llamadas telefónicas de dirigentes políticos catalanes, interesándose por la situación de los detenidos y pidiéndole explicaciones, lo que el magistrado considera una "injerencia inaceptable".

Uno de los liberados, Carles Buenaventura, dirigente de ERC en el Gironés, aseguró ayer haber sido torturado durante los interrogatorios a que fue sometido en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Allí, según su testimonio, fue golpeado por varios agentes, que en algunos momentos le tapaban los ojos con una cinta plástica, al tiempo que le cubrían la cabeza con una bolsa. Colom pidió por ello ayer la dimisión del ministro del Interior, José Luis Corcuera, y anunció que su partidos denunciará el caso ante el juez, el Tribunal de Estrasburgo y Amnistía Internacional. El delegado del Gobierno, Francesc Martí Jusmet, declaró a Efe que estas acusaciones "son absolutamente rechazables, sin pruebas y graves".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de julio de 1992