Dos firmas holandesas reclaman 15.000 millones a Banesto por la venta de inmuebles en Mallorca

El juez de primera instancia número 19 de Madrid, Joaquín Vives, ha emplazado a los responsables de Banesto para que se personen en la demanda formulada por dos firmas holandesas contra el propio grupo bancario y su corporación inmobiliaria por defectos en la venta de un complejo turístico en Alcudia (Mallorca), compuesto por 18 torres de apartamentos. Los demandantes solicitan la nulidad, y subsidiaramente, la resolución de los acuerdos y contratos de venta y una cifra cercana a unos 15.000 millones de pesetas en concepto de devolución del precio y daños y perjuicios. Según los demandantes, el presidente de Banesto, Mario Conde, estuvo al tanto de los pormenores de la operación. El banco se opondrá a la demanda y dice que no tiene noticia de que el Ayuntamiento de Alcudia haya reducido la edificabilidad.

Las dos firmas holandesas demandantes son Tuvor y Beleggiusmaatschappij, ambas domiciliadas en Amsterdam, que en 1988 adquirieron al 50% el complejo turístico Bellevue, ubicado en Alcudia, a las sociedades Flavia y Tarpeya, ambas propiedad del grupo Banesto. La compraventa fue gestionada por Ron Investment, compañía de gestión de inversiones extranjeras en España, que figura también como demandante, y uno de cuyos socios consejeros es Max Mazim.El complejo turístico Bellevue está integrado por 18 torres de apartamentos rodeados de zonas de ocio y recreativas. Según fuentes de los demandantes, en temporada valle cuenta con unos 3.000 residentes, que se elevan a 5.000 en los meses punta. Además de las torres de apartamentos, las dos firmas holandesas adquirieron un solar colindante con capacidad para edificar 130.000 metros cuadrados.

El complejo fue arrendado para su explotación turística a Trip S.A. por las dos firmas holandesas. Según los demandantes, entre las estipulaciones de la venta figuraba que el complejo debería contar con las debidas licencias urbanísticas. Al poco tiempo y por requerimiento del ayuntamiento de Alcudia, detectaron que algunas instalaciones estaban levantadas en zona verde y otras carecían de licencia de apertura.

Los adquirientes de Bellevue encargaron un estudio a seis arquitectos de Baleares, que dictaminaron, en marzo de este año, que buena parte del complejo estaba fuera de los planes de ordenación municipal. Tal situación, según fuentes de los demandantes, no obliga a la demolición de los inmuebles, pero implica que no se pueden autorizar ni las más mínimas obras de conservación, remodelación o reestructuración en los edificios o instalaciones, con los consiguientes perjuicios para los usuarios.

Ante la falta de licencias y la defectuosa situación urbanística, -"edificios fuera de ordenación"- Trip S.A. resolvió el Contrato de arrendamiento, lo que a su vez ha dado pie a que Ron Investement y las dos compañías holandesas propietarias del complejo demandansen a Banesto pidiendo la nulidad del contrato por vicios en el consentimiento y, subsidiariamente, su resolución.

La demanda, firmada por el abogado Antonio Pedrol Ríus, va dirigida contra el Grupo Inmobiliario de la Corporación Banesto (antes Inmobiliaria Flavia), contra Tarpeya, sociedad actualmente en liquidación y participada al 96% por Banesto, y contra el Banco Español de Crédito, como avalista de la operación. Su tramitación ha correspondido al juzgado de primera instancia número 19 de Madrid cuyo titular, Joaquín Vives, emplazó el pasado día 23 a Banesto para personarse en un plazo de 9 días. Efectuada la personación, Banesto dispondrá de otros 20 días para contestar a la demanda.

A preguntas de este diario, fuentes de los demandantes reconocieron que actuaron con "un exceso de buena fe", y que inversionistas holandeses se fijaron más en el nombre y crédito de Banesto que en los planes parciales de urbanización.

Para los demandantes, la situación urbanística era conocida por Banesto, que ocultó la información, con infracción de lo preceptuado en el artículo 62.1. de la Ley del Suelo. Las mismas fuentes indicaron que Mario Conde, en su calidad de presidente de Banesto, ratificó en escritura pública las otorgadas por sus mandatarios, en la que dice tener conocimiento de los contratos.

Según estas fuentes, la previa contratación fue llevada a cabo por Arturo Romaní, consejero delegado de Banesto, que en agosto de 1988 recibió 500 millones de pesetas a cuenta del precio de venta del complejo turístico, por parte de Ron Investment. En otro documento, Romaní también acredita haber recibido 25 millones a cuenta del solar colindante.

Respuesfa de la entidada

Los demandantes calculan que el valor económico de la demanda asciende a 15.000 millones de pesetas, conceptos entre los que se incluyen la devolución del precio pagado, el daño emergente y lucro cesante.Por parte de Banesto, el director de su corporación inmobiliaria, Jaime Isac, declaró que se opondrán a la demanda, cuyo contenido aún desconocían. Según este directivo, los compradores invirtieron en un terreno por un volumen de edificabilidad determinado y en los contratos se pactó que si a resultas de la regulación de la Ley de Costas la edificabilidad del complejo se reducía, se rebajaría el precio de venta en el plazo de un año. "Nosotros no hemos tenido ninguna noticia de que el ayuntamiento de Alcudia haya reducido la edificabilidad. A partir del momento en que el ayuntamiento diga que se reduce en equis metros cuadrados, lo multiplicaremos y tendremos un año para pagar la reducción en el precio".

En cuanto a la falta de licencias o permisos, Isac replicó: "Estos edificios funcionan y se vienen ocupando desde 1976. Los actuales compradores trabajan en ellos desde hace tres años y pico y parece mentira que unos profesionales hoteleros de esa magnitud digan ahora que no había licencias. Si no saben gestionar o han ido mal los negocios, no vamos a pagar nosotros ahora los platos rotos por los desvíos de los tour operadores europeos".