Narcopolicíás

EL JUEZ de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, ha concretado en un auto de procesamiento los indicios que relacionan a 10 policías de la Comisaría de Algeciras con el tráfico de drogas en la zona. Son, prácticamente, los que integraban la plantilla de la Brigada de Estupefacientes de la localidad cuando se descubrió el asunto, en junio de 1990. La instrucción sumarial sobre unos hechos que en su día causaron conmoción en Andalucía y tuvieron amplia repercusión en el resto de España, e incluso en varios países europeos, ha sido ardua. No podía ser de otro modo. El carácter eminentemente clandestino del narcotráfico estaba en este caso reforzado: quienes lo propiciaban lo hacían "prevaliéndose de su condición de funcionarios" especialmente destinados a su represión.El documento judicial tiene una virtualidad importante: poner en evidencia, en un caso concreto y' contrastado, la capacidad corruptora de la economía de la droga, al tiempo que la vulnerabilidad del sistema estatal -personas, métodos e instrumentos legales- que tiene como objetivo su control y erradicación. La colusión de los policías implicados con la red de narcotraficantes -12 de su integrantes tambien han sido procesados- y la coartada legal que prestaban a su actividad criminal están meridianamente reflejadas en los delitos que se les imputan: tráfico de drogas -actividad delictiva principal-, asociación ilícita, prevaricación, falsedad en documento público, robo y amenazas; es decir, los cometidos presuntamente con la finalidad de encubrir el negocio.

No es extraño que cuando, hace ahora dos años, se desmantelé la red narcopolicial y se detuvo a sus integrantes se constatase una disminución de mercancía en una de las zonas de España que registra un mayor volumen de tráfico de, estupefacientes. La documentación judicial refleja centenares de kilos de droga -sobre todo hachís, pero también cocaína y heroína- de los que se habían apoderado los ex agentes de la Brigada de Estupefacientes, bien sustrayéndolos de los alijos oficialm9nte capturados, bien arebatándoselos pura y simplemente a los traficantes.

Pero lo más importante en estos casos de corrupción -aparte de la decisión de perseguirlos, como ha ocurrido en Algeciras, primero con la intervención de la Brigada de Régimen Interior de la Policía y después con la actuación judicial- es detectar los fallos que los han hecho posibles y corregirlos después; desde el descontrol sobre la droga incautada, lo que facilita el retorno de una parte de ella al mercado, a la falta de seguimiento, bien por exceso de confianza o por simple dejadez, de los agentes que actúan profesionalmente en un medio tan arriesgado en todos los sentidos como el narcotráfico. Sin olvidar la tentación que acecha a las instancias encargadas de reprimirlo de cambiar tolerancia por información, droga por confidencias, y, de ese modo, pasar a convertirse casi en administradoras del negocio. El precedente de la brigada contaminada de Algeciras muestra que este peligro no es una quimera. No conjurarlo haría en gran medida estéril el empeño puesto por el Estado y la sociedad en la lucha contra la droga.