Semestre británico, apuros españoles

JOHN MAJOR explicó el lunes en la Cámara de los Comunes la posición de su país frente al futuro de la CE: como la presencia irrenunciable del Reino Unido en Europa obedece a un frío cálculo de las ventajas e inconvenientes, el primer ministro quiere reforzar el compromiso europeo con la misma frialdad. El miércoles, el presidente Felipe González explicó la cumbre de Lisboa en el Parlamento español.De la exposición de Major a los Comunes queda claro que, por una parte, se niega a recurrir al referéndum de ratificación del Tratado de Maastricht que le pide Margaret Thatcher (también se niega a consultar la incorporación del Reino Unido a la unión económica y monetaria cuando llegue el momento de la tercera fase). Por otra, se compromete a que Maastricht sea ratificado en el Parlamento para evitar que su país quede marginado y sean los demás "los que tomen las decisiones que han de afectar al sistema de vida de cada persona de este país".

Hoy se celebra en los Comunes un debate sobre lo que ha de ser la presidencia comunitaria de Londres durante este semestre. A lo largo ' de ella, diez socios comunitarios (Dinamarca e Irlanda ya se han pro nunciado) deberán proceder a la ratificación del Tratado de Unión Europea, y, al final del proceso, los británicos quieren que la cumbre de Edimburgo en cuentre algún modo de apaciguar a Dinamarca y hacerla volver al redil. La solución que propondrá Major será seguramente una solemne declaración del Consejo que tranquilice las dudas danesas.

La posición danesa cuenta con un triple elemento de simpatía en Londres: las reticencias frente al papel impulsor de la Comisión que preside en Bruselas Jacques Delors -a la que algunos atribuyen responsabilidad de un déficit democrático de la CE que es fundamentalmente culpa de los Estados- son muy parecidas; ambos Gobiernos interpretan de forma similar un concepto de subsidiariedad entendido como devolución de competencias a los Estados, o renacionalización de políticas; y los dos entienden que es preferible ampliar la CE (con los escandinavos y Austria) antes que profundizar e integrar -con nuevos fondos- la que ya existe. Londres iniciará a lo largo del semestre los contactos con los aspirantes más ricos, pero algunos países, como España, se opondrán a una ampliación prematura e incondicionada.

En los tres elementos puede verse el empujón que el Reino Unido quiere dar simultáneamente a la construcción de Europa y a la limitación de su ambición de unión acelerada. Esta conversión europeísta -a un europeísmo algo descafeinado- es el rasgo que se percibe con mayor claridad desde que John Major es primer ministro. Su nueva aproximación a los temas comunitarios hará olvidar probablemente los tiempos en que Londres era siempre el último en subirse al va gón comunitario y el primero en aplicarle el freno de mano. El Reino Unido tiene una visión de Europa y quiere que predomine frente a otras.

El tercer rasgo de la presidencia británica será, sin duda, el ahorro. En la cumbre de Lisboa, Major consiguió frenar la expansión presupuestaria de la CE manteniéndola en el 1,2% del PNB por lo menos hasta 1995. Los que más padecerán de esta cicatería serán los miembros comparativamente más pobres, España, Portugal, Grecia e Irlanda, que pueden ver severamente recortadas sus aspiraciones en materia de cohesión. No encontrarán en Londres una mano amiga.

Estas dificultades fueron explícitas en la intervención de ayer en el Parlamento por el presidente del Gobierno español sobre lo acontecido en la cumbre de Lisboa. González, "actuando con mucha firmeza" (se convirtió en el polo de referencia alternativo a las tesis británicas), tuvo que conformarse con que no fuera retirado el paquete Delors II y con que se mantuviera el compromiso de poner en marcha el fondo de cohesión a partir de 1993.

Pero España es un país que, como dijo José María Aznar, pasa por graves apuros económicos que dificultan su capacidad de cumplir con las reglas de convergencia indispensables para acceder a la UEM. Cierto que la política económica española debe corregir sus graves deficiencias sin escudarse en dificultades comunitarias. Sin embargo, en 1992, es dificil deslindar los problemas internos de las exigencias comunitarias. Por eso la oposición debería apoyar con énfasis la lucha del Gobierno por la cohesión. El esfuerzo de González por conseguir incrementos presupuestarios en la CE y contra el recorte de los fondos de cohesión no se circunscribe a una cuestión interna: es una tarea decisiva para el futuro de un país irreversiblemente ligado a la Europa de Maastricht.