Desalojo de una casa "en ruina" reparada en 1988

A la segunda fue la vencida. Las 11 familias que en mayo se parapetaron en sus viviendas de Ponzano, 40 (Chamberi), e impidieron su desalojo apenas ofrecieron ayer resistencia a la policía. Tres de ellas se atrincheraron en el edificio, pero lo abandonaron enseguida. Estos inquilinos de rentas antiguas se han sentido impotentes para defenderse. Una resolución judicial declara en ruina económica el edificio, aunque hace cuatro años que lo reparó el Ayuntamiento.

La declaración de ruina económica se efectúa cuando el coste de las reparaciones que requiere un inmueble supera el 50% de su valor. Pero en ese valor no se incluye el del suelo.Todas las familias menos una han aceptado las 300.000 pesetas que les ofrecía la inmobiliaria dueña de la casa de Ponzano, 40, y se han ido. Ayer, varias de ellas acudieron a apoyar a las tres últimas familias que fueron desalojadas.

Tomás Calderón, el único que se ha negado a recibir la ayuda económica, acudió a su antiguo domicilio desde Villaverde Alto, donde ha encontrado una nueva vivienda de alquiler. "Que nos echen de nuestras casas por ese dinero es un insulto", decía ayer. "Nos tenemos que ir porque no podemos hacer nada contra una decisión judicial, pero yo no acepto limosnas" asegura. Este hombre pagaba 12.000 pesetas mensuales por una casa de unos 25 o 30 metros cuadrados. "Ahora, mi mujer, mi madre y yo nos hemos tenido que meter a un alquiler de 65.000 pesetas al mes", explica.

"Ahora me quedo en la calle"

La familia de José de Dios Tungala, un joven filipino nacionalizado español, fue una de las que permanecieron en sus domicilios hasta ayer. Durante varios días, la inmobiliaria les costeará un hostal. "Después ya veremos qué pasa, porque mi mujer y yo ganamos unas 80.000 pesetas mensuales y con ese dinero pocos pisos de alquiler podemos encontrar", afirma Tungala. "Cuando llegué aquí, mi casa era una bodega de 30 metros, sucia y sin bañera. Yo la fui arreglando y ahora me quedo en la calle", concluye este hombre de 37 años con dos hijos pequeños.Una mujer mayor, con el contrato de alquiler más antiguo, ha conseguido que la inmobiliaria le facilite otra vivienda de alquiler en la calle de Ponce de León. "No sé si me voy a acostumbrar después de que nací en esta casa y llevo en ella toda la vida", se pregunta. Dos familias se han metido a pagar un piso y el resto se las tendrá que ir arreglando de prestadillo en casa de familiares hasta conseguir una nueva vivienda.

La inmobiliaria Becato, SA, ganó un pleito a los inquilinos en 1991 por el que la finca era declarada en ruina económica. Sin embargo, en el verano de 1988, el inmueble fue reparado por el departamento municipal de Edificación Deficiente, después de que cediera el forjado de una de las viviendas. Como el dueño de entonces, un particular, no efectuaba los arreglos exigidos, fue el propio Ayuntamiento el que acometió las obras para cargar luego su importe a la propiedad.

Los trabajos costaron 14 millones de pesetas (tres millones, por medidas de seguridad; dos millones, por reparaciones en la estructura, y casi nueve millones, para reparar todos los elementos que hubo que derruir con los arreglos). Fernando Macías, responsable de Edificación Deficiente, asegura: "Si el Ayuntamiento decidió hacer reparaciones es porque consideraba que el edificio no amenazaba ruina". "Nos ha sorprendido que se declare en ruina una finca que estuvimos reparando hace cuatro años, pero nosotros actuamos según la Ley del Suelo y la inmobiliaria ha ganado un pleito civil", añade.

La finca tiene cerca de un centenar de años. Con una forma de media corrala, está dividida en una veintena de viviendas de unos 30 metros cuadrados. Hace cuatro años, en el edificio vivían numerosos cubanos alojados allí a través de una asociación. En los últimos tiempos quedaban 11 familias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 30 de junio de 1992.

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