La chapuza

EL TIEMPO transcurrido desde el 22 de febrero, fecha en que concluyó e 1 mandato de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han esperado desde entonces su sustitución, ha servido para poner de manifiesto la excelente salud de la que gozan los vicios que lastran la elección parlamentaria de los cargos institucionales y la ausencia, de momento, de un antídoto que sea capaz de remediarlos. Queriendo hacer bueno lo de que no hay bien que por mal no venga, algunos bienintencionados han pretendido exculpar la demora del Parlamento en la renovación del TC si servía para depurar el proceso de designación de candidatos. No ha sido así.Ni el deprimente espectáculo producido por el incumplimiento tan prolongado de un mandato constitucional, ni la inquietud de la opinión pública, ni las llamadas de atención del propio presidente del, TC, ni el riesgo de deterioro de instituciones clave del sistema democrático -el citado tribunal y el mismo Parlamento- han sido suficientes para que los partidos se curen de tales vicios: la lucha de influencias en torno a los candidatos, la pugna por las cuotas de su reparto, el oscurantismo en su designación y, en definitiva, la obsesión por el desgaste político del contrario han vuelto a condicionar el proceso de elección parlamentaria de los magistrados del TC.

Este diagnóstico de ningún modo queda desmentido por la elección, ¡por fin!, en el pleno del Congreso de ayer de los magistrados que deben tomar el relevo de los que concluyeron su mandato el 22 de febrero. Más bien ha sido reforzado: la confusión y pugna sin cuartel entre, el PP y el PSOE han brillado como nunca en este proceso que, además, ha llegado a salpicar al propio presidente del Congreso, cuya neutralidad e independencia han sido puestas en entredicho por el PP.

La valía profesional de los elegidos está fuera de dudas, así como su adecuación a los criterios constitucionales exigidos para ser núembros del alto tribunal. Del mismo modo que era igualmente válida desde estos niÍsmos criterios la lista patrocinada en solitario por el PP. También tiene plena legitimidad su elección al haber superado la mayoría cualificada de tres quintos -210 diputados- con los votos del PSOE, CiU, CDS e Izquierda Unida, principalmente. Pero la designación de quienes integran el órgano institucional cuya misién principal es la salvaguardia de la Constitución no se agota en el hallazgo de personas de prestigio profesional reconocido. Exige, además, que sea el resultado de un proceso de negociación de los grupos parlamentarios -y especialmente de los que son mayoritarios- que debe traducirse en un consenso lo más amplio posible. La mayoría cualificada de tres quintos sería la expresión matemática del consenso mínimo exigible para que el Tribunal Constitucional pueda garantizar que el pacto. constituyente no va a ser roto por ninguna mayoría simple parlamentaria resultante de unas elecciones. Precisamente, y al margen de que se haya puesto materialmente fin a una situación bochornosa, la ausencia clamorosa de este proceso de negociación en la designación de los nuevos magistrados del TC es un dato que daña la credibilidad de la institución. En tanto en cuanto pueda encubrir un reparto por cuotas entre algunos grupos o la imposición subrepticia de listas unilaterales, tal forma de proceder debilitaría la legitimidad de origen que, más que ninguna otra institución, debe tener el Tribunal Constitucional. Y es que es difícil evitar que lo que empieza mal no acabe convirtiéndose en una chapuza.