La oposición considera "una farsa" la investigación sobre el 'caso Casinos'
Convergència i Unió (CiU) aprobó ayer en solitario las conclusiones exculpatorias de la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre el caso Casinos. Todos los grupos de la oposición votaron en contra de la propuesta convergente y no lograron que se aprobase ninguna de sus conclusiones.
Ha sido una "farsa", dijo Joan Saura, portavoz de Inicíativa per Catalunya (IC). "No ha servido para nada", terció Simón Pujol, del PP. "No se ha podido investigar", señaló el socialista Eugenio Madueño. El representante de Esquerra Republicana dejó de participar hace semanas en esta comisión en protesta por el obstruccionismo de CIU.
El caso Casinos hace referencia a la presunta desviación de dinero negro de la empresa Casinos de Cataluña / Inverama, unos 2.000 millones, una parte de los cuales fue supuestamente entregada a dos miembros vinculados al aparato financiero de Convergéncia Democrática, el principal integrante de la coalición que gobierna en Cataluña. El asunto estalló cuando Jaime Sentís, ex director financiero de Casinos, presentó una querella criminal, contra el presidente de esa compañía, Arturo Suqué. El caso está siendo investigado, aunque con mucha lentitud, por un juzgado de Barcelona. Inverama explota los tres casinos de Cataluña y controla la empresa que de comercializa las loterías de la Generalitat.
Ninguna relación
En una de las conclusiones aprobadas se afirma que "de la documentación oficial examinada y de las comparecencias realizadas delante de la comisión no aparece relación de ningún tipo entre las empresas titulares de las autorizaciones [del juego en Cataluña] y un partido político o coalición electoral".
La oposición parlamentaria se queja de que CiU impidió que declararan ante la comisión los principales protagonistas del asunto: Sentís, Suqué y los (los dirigentes de Convergència cilados en la querella. El grupo mayoritario tampoco aceptó la documentacíón judicial que aportó IC, que ajerce la acusación popular. CiU alegó que no se podía interferir en la actuación judicial. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, prometió antes de las elecciones de marzo que todo se aclararía en el Parlamento.
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