La política de embalses y el medio ambiente

La construcción de un embalse siempre generará, necesariamente, un impacto sobre el medio, al desaparecer de forma irreversi ble bajo sus aguas una porción de territorio, en la mayor parte de los casos bastante extensa. Este impacto será mayor o menor, dependiendo de las áreas que van a ser cubiertas, restos de interés histórico-arqueológico, bosques, suelos de interés agrícola, etcétera.Por otra parte, no cabe duda de que los embalses son necesarios en muchos aspectos para que se pueda llevar a cabo la actividad humana, al menos dentro de los parámetros en que actualmente se encuentra planteada en nuestro país.La primera conclusión que podemos obtener de conjugar estas dos premisas es que una actuación administrativa responsable y sensata debe pasar por recurrir a la construcción de nuevos embalses como última opción a adoptar para solucionar el problema, dado el trauma social y ambiental que suelen generar.Por otra parte, si anafizarnos con detenimierito el uso que actualmente se da a las aguas de los embalses nos damos cuenta de lo innecesario de construir lamayoría de los que existen en mente de las administraciones responsables.En España, aproximadamente el 84% del agua de los embalses se emplea en cultivos de regadío, frente al 12% empleado en abastecimiento a las poblaciones y el 4% requerido por la industria. Estos consumos varían, lógicamente, de unas regiones a otras, llegándose, por ejemplo, en Castilla y León a que el 93% de las aguas embalsadas se destinen a la agricultura.Sin embargo, no hay que olvidar que los vientos dominantes en la CE, en lo que a agricultura se refiere, soplan en otra dirección, apoyándose desde los foros comunitarios al abandono de tierras y primándose la repoblación forestal. De hecho, se están llegando a dar casos, por ejemplo, en Castilla y León del abandono de regadíos actualmente existentes y sustitución por choperas.Por otra parte, también es necesario hacer mención a la ineficacia y deficiencias que existen en los sistemas de distribución de agua. De hecho, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se barajan cifras tales como que alrededor, del 50% del volumen de agua que sale de los embalses hacia los regadíos se pierde en el camino.Por último, hacer ver el desembolso económico que requiere el paso de una tierra de secano a regadío. Incluyendo el precio de construcción del embalse, así como la red de distríbución y adecuación del terreno, se alcanzan cifras de inversión de hasta tres millones y medio de pesetas por hectárea. Cifra que jamás será amortizada, dado los bajos rendimientos (cuya causa no sólo está en la falta de agua) de la mayor parte del campo español y la dirección, adoptada por la política agraria comunitaria.

Impacto ambiental

También es importante destacar el enorme impacto ambiental que generan una buena parte de los grandes embalses, desaparición de numerosos pueblos, absoluta destrucción de los ecosistemas, pérdida de numerosos bienes de interés histórico y cultural, etcétera.Por todo ello, parece que lo más lógico sería abandonar la idea de creación de la mayor parte de los regadíos que hay previstos, proceder a invertir en mejorar el estado de las redes de distribución y desestimar de forma definitiva la construcción de la mayor parte de posibles embalses que existen en cartera desde hace muchos años.Sin embargo, la actitud adoptadapor las Confederaciones Hidrográficas, dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, parece ser bien diferente. En los documentos de directrices de los planes hidrológicos, que recientemente han salido a información pública, se plantea la construcción del mayor número de embalses posibles, en algunos casos sin ni siquiera molestarse en explicar los motivos por los que se proponen: 19 en la cuenca del Duero, 14 en la del Tajo, 14 en la del Júcar, etcétera, hasta un total próximo a los 200 grandes embalses:No parece que el Gobierno sea consciente cuando de forma tan alegre y despreocupada saca a información pública documentos de estas características, que la construcción de estos 200 embalses va a suponer la desaparición de alrededor de 200 valles de nuestro país, en muchos casos con pueblos, huertas, bosques, etcétera.Por otro lado, estas obras van a suponer un desembolso al Estado superior a los dos billones de pesetas. Todo ello, casi siempre con la única justificación del establecimiento de unos futuros regadíos que en la mayoría de los casos jamás se llevarán a cabo, pues las leyes de mercado siempre acaban imponiéndose. En definitiva, los únicos beneficiados van a ser las empresas que construyan los embalses, cuyo único objetivo es el de facturar la mayor cantidad posible de metros cúbicos de hormigón. Éstas sí que tienen motivos para estar a favor.Tanto en la CODA como en el resto del movimiento ecologista de nuestro país consideramos que lo más sensato por parte del Gobierno sería reestudiar de forma realista la conveniencia o no de llevar a cabo cada uno de los regadíos previstos, tanto desde el punto de vista económicos y social como ambiental.A partir de entonces se debería estudiar la forma de suministrar el agua que necesitan, optando prioritariamente siempre por las fórmulas ambiental, social y económicamente menos costosas, como, por ejemplo, reducir las pérdidas en la actual red de distribución. De esta manera, el número de nuevos embalses que sería necesario construir sería mínimo, el impacto ambiental y social se reduciría ostensiblemente (muchos bosques y pueblos se salvarían de desaparecer) y el Estado se ahorraría una considerable suma de dinero (cientos de miles de pesetas). Creemos que esta resolución es la más adecuada.