Hernández ofrece al Consejo Fiscal su incorporación a la negociación con el Gobierno

Eligio Hernández, fiscal general del Estado, anunció ayer en Segovia, en la clausura del VII Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que el próximo 19 de junio propondrá al Consejo Fiscal que delegue en uno de sus miembros para que negocie, junto a él, con el Ministerio de Justicia las reclamaciones de los fiscales. Con esta fórmula, Hernández pretende desbloquear el conflicto fiscales-Gobierno que desencadenó el cese de Leopoldo Torres y que sigue latente, a tenor de las duras críticas de la UPF al Ministerio de Justicia, al que acusa de "nefasta política que degrada y obstaculiza la función de los fiscales".

Tras negarse repetidamente en los dos últimos meses a pronunciarse sobre el origen del conflicto -la devolución por el ministro de Justicia al Consejo fiscal del documento que le envió Torres- y considerar que lo importante es "arreglar" las reclamaciones contenidas en el escrito, Hernández bajó ayer a la arena de lo que ha venido denominando "formalismos" y ofreció esa fórmula para desatascar el conflicto. Aunque la Asociación de Fiscales (AF) mayoritaria y conservadora, cuenta con seis consejeros y la UPF sólo con tres, es probable que sea uno de estos últimos, Carlos Jiménez Villarejo, quien sea delegado para acompañar a Hernández, si el Consejo fiscal acepta la oferta del fiscal general.La noticia se produjo durante el acto de clausura, iniciado con la intervención del fiscal italiano Giovanni Salvi y el minuto de silencio en memoria de Giovanni Falcone y otros juristas latinoamericanos asesinados, así como de la fiscal española Carmen Tagle. Tras las salutaciones de los portavoces de la AF y jueces para la democracia, el presidente de la UPF, Ladislao Roig, destacó de las conclusiones aprobadas la falta de transparencia de la Administración penitenciaria y su afán de eludir el control de los jueces de vigilancia y resumió así las críticas realizadas al Ministerio de Justicia: "Nos dan cada vez más funciones y cada vez tenemos menos medios". En sus conclusiones, la UPF asume el escrito del Consejo fiscal rechazado por el Gobierno, denuncia la "nefasta política ministerial por obstaculizadora" y por conllevar "una degradación y una incapacidad de los fiscales para el ejercicio del servicio público", particularmente cuando como en el caso de los menores, se pone en vigor una ley sin medios materiales y humanos para aplicarla o cuando se trata de "la protección de marginados o del control de los más privilegiados social y económicamente".

Roig manifestó su voluntad de decir "a la cara" de Hernández la preocupación por su instrucción contra los insumisos y la opinión contraria a la legalidad de su designación como fiscal general. La tarde anterior, mientras 22 congresistas votaron en contra de pronunciarse sobre el asunto y tres pidieron que se recurriera el nombramiento, 42 votaron la difusión de un escrito en el que se declara que la designación de Hernández "viola la letra y el espíritu del estatuto orgánico del Ministerio fiscal", por lo que se pide al Gobierno que se ajuste a la Constitución.