El movimiento vecinaI encaja el golpe del PP

Una federación como la de vecinos que convoca en los seis últimos años 42 manifestaciones y 16 concentraciones no es un inquilino cómodo. Si además de ello, el movimiento vecinal consume sólo como gastos corrientes casi 100 millones de pesetas, no resulta sorprendente que el Ayuntamiento recorte el gasto público, empezando por ellos, exactamente a la mitad. Por eso en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) abundan ahora los comentarios ornitológicos. "Nos cortan las alas", dice Prisciliano Castro. Y al rato: "El ala derecha del PP en el Ayuntamiento ha vencido al ala moderada".La decisión del alcalde ha planteado un debate entre el movimiento ciudadano. "¿Debemos incrementar las cuotas que pagan nuestros socios?; ¿hay que delimitar nuestras reivindicaciones frente a las de los sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones? ¿Tenemos que estrechar los lazos entre las asociaciones, que haya más unión?".

La FRAVM anda convocando asambleas para proponer a sus 80.000 asociados, repartidos por toda la región, aumentar la cuota. Esto no arreglará gran cosa, porque lo que pagan en la actualidad asciende como media a cien pesetas al mes.

El punto flaco

La delimitación de funciones también puede evitar enfrentamientos y choques con los sindicatos y otras organizaciones, pero lo del reforzamiento de las bases... ése sí que parece ser el punto flaco de los vecinos: la coordinación.A pesar de que en la sede central, en el barrio de Malasaña, trabajan siete personas (secretarias, jefe de prensa, limpiadoras) a las que la Federación paga 14 millones de pesetas al año, el hilo que une las asociaciones es débil. El teléfono no basta, y Prisciliano Castro y sus hombres han decidio emplear al menos una persona para coordinar las bases.

A las propias asambleas de la FRAVM rara vez asisten más de 40 presidentes, y 35 eran los que se presentaron a protestar en el pleno donde se les recortaron los ingresos; sólo 82 entidades son las que han firmado las alegaciones contra la decisión municipal de recortar gastos. Unas 30 no disponen de teléfono y sólo algunas cuentan con fax.

¿Sobrevivirán ahora las asociaciones menores? Lo tendrán difícil, pero lo harán, según Castro. Y si no aguantan el golpe, es porque no lo merecen. Eso es lo que opina el concejal de Participación Ciudadana, José Gabriel Astudillo. Y no sólo él; Francisco Pérez, presidente de la asociación Puente de Vallecas, a la sazón una de las que más movilizaciones ha originado en los últimos meses, se ha negado siempre a que el Ayuntamiento le pague los gastos corrientes. "Nos restaría independencia", alega. Pero Francisco Pérez no quiere que su opinión se confunda con la de Astudillo. 'Tos motivos son opuestos", aunque el final resulte el mismo. El concejal socialista Juan Lobato apoya ese argumento. Sin embargo, en su grupo opinan lo contrario.

Prisciliano Castro, el presidente de la FRAVM, admite que Pérez y Lobato llevan parte de razón, pero objeta: "Hasta la asociación más pequeña puede ser útil a los ciudadanos si tiene un abogado disponible o una persona que de vez en cuando habla con el concejal de la junta para que alumbren una calle".

Evidentemente, los objetivos y la fuerza de este movimiento han cambiado. Las asociaciones ya no consiguen convocar a 100.000 personas, como en aquella manifestación de finales de los setenta donde denunciaban que el kilo de pan en Madrid no pesaba un kilo, sino 700 gramos. Por aquel entonces, sus líderes salían de reuniones clandestinas celebradas en sótanos de la plaza de Castilla o en el Pozo del Tío Raimundo. Era cuando las asociaciones informaban sobre los lugares para comprar píldoras y no recibían un duro del Ayuntamiento. En 1988, el PSOE decició costear sus gastos corrientes.

Ahora, el PP piensa que las asociaciones son mayorcitas para andar por sí solas y les recorta las ayudas. El detonante ha sido unas facturas que la FRAVM pasó al Ayuntamiento. Nada malo, si no fuera porque aquella comida, que costó casi tres millones de pesetas, la pagaron de sus bolsillos los 1.246 comensales. La FRAVM entona el mea culpa y lo explica: "Nuestros administradores se hicieron un lío y al final la broma ha sido de muy mal gusto". El caso se saldó devolviendo el dinero al Ayuntamiento y expulsando al tesorero.