Defensa también pone pegas a la cárcel de Soto

Instituciones Penitenciarias se enfrenta con un nuevo obstáculo en su propósito de construir una macrocárcel en el término municipal de Soto del Real. A la fuerte contestación vecinal -que dura ya varios años- y a la negativa del Ayuntamiento de Soto a conceder la licencia de obras se añade ahora un nuevo inconveniente: un informe elaborado en el Ministerio de Defensa advierte que la altura de las dos torres proyectadas para la vigilancia del complejo carcelario -de 70 metros cada una- puede interferir en la actividad de la base de helicópteros que tiene el Ejército de Tierra en esa zona.

Este nuevo impedimento ha contribuido a incrementar el halo de pesimismo que gravita sobre el proyecto, que, no obstante, "seguirá adelante", según fuentes de Instituciones Penitenciarias.El informe de Defensa se produce meses después de una entrevista que mantuvo el alcalde de Soto, Eladio García, del CDS, con el coronel jefe de las Famet (Fuezas Aéreas del Ejercito de Tierra). La interferencia de la cárcel viene dada por la proximidad del complejo y de las torres -algo más de un kilómetro- con la pista de aterrizaje de la base, y por el hecho de que éstas se encuentran justo en el espacio aéreo que habitualmente utilizan helicópteros de gran tamaño para regresar desde el embalse de Santillana, donde realizan sus entrenamientos, hasta la pista.

La cúspide de las torres, si finalmente se construyesen, alcanzaría una altura de 1.002 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud es resultado de sumar los referidos 70 metros y los 932 que tiene de cota la superficie prevista.

Servidumbre del Ejército

La pista de aterrizaje, por su lado, está situada a 1.000 metros de altitud, detrás de una montaña colindante con la cárcel. Los terrenos, además, están dentro del perímetro de servidumbre de las actividades de las Famet en la zona.Otro problema más, en este caso en el ámbito de la propia prisión: su seguridad puede verse cuestionada si los helicópteros sobrevuelan continuamente la cárcel. La rutina de los vuelos podría facilitar la llegada de un helicóptero pirata y una eventual fuga aérea.

No son éstos los únicos problemas que están haciendo cundir el desánimo en Instituciones Penitenciarias. El área de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha supeditado también su apoyo al proyecto a la supresión de dichas torres. La Comunidad lo ha comunicado así, de forma extraoficial, al Ministerio de Justicia.

En fuentes de Justicia, departamento del que depende Instituciones Penitenciarias, se indica que el proyecto quedaría desvirtuado si se eliminan las torres.

Pese a todo, el obstáculo más engorroso que tiene planteado hoy Instituciones Penitenciarias (que, de momento, está dilatando el inicio de las obras) es la tajante negativa del Ayuntamiento de Soto a conceder la preceptiva licencia de obras. El Ministerio de Justicia, para saltárselo, se ha visto obligado a recurrir a la vía del interés social. Ello obliga a que sea el Consejo de Ministros el que, en última instancia, determine si efectivamente concurre tal interés.

Instituciones Penitenciarias quiere tener los mínimos enemigos posibles para cuando el Gobierno aborde este asunto. A su juicio, las reiteradas protestas vecinales al proyecto, que no se limitan sólo a Soto sino al resto de la comarca, son inquebrantables. De ahí que haya optado ya por negociar con la Comunidad, encargada de redactar el informe sobre impacto medioambiental que supondrá la creación de la cárcel. Ésta se preten de levantar sobre un paraje (los Cerros de San Bartolomé) distante apenas dos kilómetros del parque natural de la Cuenca Alta del Manzanares.

La estrategia diseñada consiste en limar diferencias con los adversarios del proyecto, y construir una cárcel que sea lo más inocua posible para la cinegética, la ecología y el turismo de la comarca, principal fuente de ingresos de sus habitantes. El Ministerio de Justicia y la Comunidad están negociando cómo debe ser el proyecto para que su impacto resulte mínimo. Reducir las dimensiones de la cárcel no parece negociable, porque se trata de un centro-tipo, y tener menos internos sale muy caro.

Los grupos ecologistas de Madrid también han expresado su rechazo a estas torres. El actual proyecto carcelario de Soto -el primero ideado para albergar a unos 900 internos, fue modificado y ampliado de forma imprevista por Justicia, lo que molestó aún más a los vecinos- incluye la creación de un penal mixto para unos 2.000 reclusos.