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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Huelga y negociación

DIEZ DÍAS después de la huelga general ambos contendientes siguen esperando a que el otro desenfunde. La huelga no fue un éxito sindical, pero su mera convocatoria ya había constituido una derrota del Gobierno. Durante años, los socialistas se han beneficiado, especialmente en sus relaciones con los medios empresariales y financieros, del supuesto de que su proximidad con los sindicatos les otorgaba una capacidad apaciguadora de las tensiones sociales que no estaba al alcance de sus principales rivales políticos. Sin embargo, la patronal acaba de señalar que, de mantenerse el actual nivel de conflictividad social, en 1992 se perderán tantas horas de trabajo por huelga como en 1979, año récord en esta materia. En el periodo 1986-1990, la conflictividad laboral aumentó en España en un 10% respecto al quinquenio anterior, en contraste con la disminución registrada en todos los demás países de la Comunidad Europea (excepto Grecia). Esta reducción fue del 30% en Francia y Alemania, del 58% en Italia y del 89% en el Reino Unido, por citar a los principales.El hecho de que la presión huelguista se haya mantenido en la actual fase recesiva de la economía indica que la coyuntura no basta para explicarla. Es posible que el otro factor determinante haya sido la unidad de acción de

CC OO y UGT sobre la base de lo que antes era la posición del primero de esos sindicatos. Hasta 1986 existía una cierta especialización o división del trabajo, de manera que UGT daba prioridad a la búsqueda del acuerdo y

CC OO a la movilización.. De la combinación se beneficiaban ambas centrales, ya que las mejoras obtenidas en determinados sectores mediante la presión tendían a generalizarse luego por la vía de la negociación. Ahora, la dinámica es algo diferente, tal vez con mayor capacidad de movilización, pero menor de interlocución.

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La mayoría de la población piensa, según los sondeos publicados después del día 28, que la huelga general "no va a servir para nada", y también que lo más deseable sería que Gobierno y sindicatos negociaran sus discrepancias. Destacados socialistas, incluido Alfonso Guerra, han coincidido estos días en combinar llamamientos a la necesidad del diálogo social con exhortaciones a que las centrales superen su sindicalismo exclusivamente reivindicativo. Sin embargo, las discrepancias existentes no son de las que puedan superarse con meras apelaciones a la buena voluntad. Tras la huelga, cada parte pidió a la otra que reflexionase sobre los resultados de la jornada. Ya lo han hecho, pero, como cabía esperar, han llegado a diferentes conclusiones: las centrales insisten en condicionar su participación en un proceso negociador con el Gobierno a que en el temario. se incluyan el decreto sobre el desempleo y la ley de huelga, y no sólo, como había propuesto el ministro Solchaga, la reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem), la formación profesional y la política industrial.

El Gobierno tiene buenos motivos para intentar reducir el déficit público, pero ello implica recortar los gastos del Estado. El debate sobre cuáles son las partidas a recortar o suprimir para alcanzar tal objetivo puede verse enriquecido por las opiniones de los sindicatos y otras asociaciones, pero la decisión corresponde por definición al Parlamento, y no a cualquiera de los sectores que podrían verse afectados por tales recortes. Pero, para las centrales, renunciar a modificar la nueva normativa sobre prestaciones al desempleo equivale a reconocer la inutilidad de la movilización del 28-M. De ahí la dificultad de hallar una base sólida para iniciar el diálogo.

Pero el riesgo de no alcanzar algún compromiso es el de que se desate una escalada de presión sindical tan intensa que convenza al Gobierno de que resulta más rentable una actitud de enfrentamiento directo con los sindicatos, a fin de acreditar una imagen de firmeza que le permita recuperar por la derecha los apoyos que pierde por la izquierda. Ello podría conducir a las centrales a la marginalidad, pero esa escalada haría imposible la mejora de la productividad de la que depende el proceso de convergencia. El interés compartido en evitar tal situación puede ser la base para superar el actual diálogo de sordos.

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